Teherán dice que el tribunal "no tiene jurisdicción" y dice que las acusaciones derivan de "testimonios falsos"
MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Irán ha convocado este viernes al encargado de negocios de Suecia en Teherán para protestar contra la cadena perpetua impuesta por un tribunal sueco a un antiguo funcionario iraní por su papel en la ejecución masiva y tortura de opositores en 1988 en una cárcel de la ciudad de Karaj.
El Ministerio de Exteriores iraní ha indicado en un comunicado publicado en su página web que ha presentado "una nota oficial de protesta" y ha mostrado "firmes objeciones" a las declaraciones por parte del tribunal sueco en el marco del caso, al tiempo que ha señalado que la sentencia es "ilegal" y "contraria a los estándares del Derecho Internacional".
Así, ha subrayado que el tribunal sueco "no tiene jurisdicción" para juzgar el caso y ha manifestado que "ha violado los principios de soberanía e independencia", antes de subrayar que las acusaciones derivan de "testimonios falsos" por parte de "elementos de grupos terroristas cuyas manos están manchadas con la sangre de más de 17.000 iraníes inocentes".
De esta forma, ha dicho que el tribunal sueco ha "blanqueado a terroristas" y ha señalado que "ha actuado en contra de las obligaciones internacionales de Suecia en el campo de una lucha no selectiva contra el terrorismo", por lo que ha pedido que la condena sea "revocada" y que el hombre, identificado como Hamid Nuri, sea liberado "inmediatamente" y "compensado por daños y perjuicios".
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, ya había criticado el fallo a última hora del jueves, cuando incidió en que el proceso se ha fundamentado en "acusaciones infundadas e inventadas contra Irán y el sistema judicial del país". "Está claro para Irán que el caso de Nuri era sólo una excusa para una acción política sin validez legal", dijo.
Kanani denunció además que el hombre fue arrestado "en un escenario engañoso planeado previamente por elementos de un grupo terrorista" y ha apuntado que Nuri "ha estado 30 meses detenido en aislamiento, siendo privado de sus Derechos Humanos más básicos y sometido a malos tratos sistemáticos, incluidas palizas por parte de los guardias de prisión".
"Desafortunadamente, las autoridades judiciales suecas, pese a sus afirmaciones sobre independencia, dieron espacio al grupo terrorista hipócrita --en referencia a la Organización de los Muyahidín del Pueblo de Irán (PMOI)-- y no permitieron que Nuri presentara testigos para defenderse", ha remachado.
Nuri fue arrestado en el país europeo en noviembre de 2019, tras lo que en 2021 se abrió un juicio contra él por su papel en la matanza de miles de personas. La purga se centró en miembros del PMOI, si bien también fueron ejecutados numerosos integrantes de partidos izquierdistas y opositores como Tudé, de tendencia comunista.
El actual presidente de Irán, Ebrahim Raisi, fue duramente criticado durante la campaña electoral de 2021 por su papel como uno de los cuatro jueces que supervisaron las órdenes de ejecución, si bien rechazó las denuncias y dijo que se limitó a defender la seguridad nacional.
Las ejecuciones fueron efectuadas a raíz de un edicto secreto emitido por el entonces gran líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini, tras una incursión armada en Irán por parte del PMOI, un grupo de oposición con sede en Irak e ilegalizado por las autoridades iraníes, según el informe publicado por Amnistía en 2018.
La orden de Jomeini llegó en las últimas fases de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), en la que el PMOI, que participó activamente en la revolución que derrocó al sah Reza Pahlevi con un discurso islamista mezclado con una adaptación de la ideología marxista, combatió del lado del régimen de Sadam Hussein tras denunciar las acciones de la cúpula religiosa instaurada por los ayatolás.
El grupo fue perseguido por las autoridades religiosas instauradas en Irán, lo que llevó al entonces líder del grupo, Masud Rajavi, a alcanzar en 1986 un pacto con Hussein en plena guerra entre ambos, lo que llevó a Irán al líder supremo de Irán a ordenar la ejecución de supuestos miembros y simpatizantes de la organización.
El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, Javaid Rehman, acogió con beneplácito la cadena perpetua impuesta y descrito el veredicto como "un hito e importante paso adelante en la búsqueda de la verdad y la justicia para un capítulo oscuro en la historia iraní".
"Insto a otros Estados a emprender investigaciones y enjuiciamientos similares por violaciones graves de los derechos humanos en Irán utilizando los principios de la jurisdicción universal", ha declarado Rehman.
"Existe un grave vacío en la rendición de cuentas por violaciones flagrantes, pasadas y presentes, de los Derechos Humanos, "y los tribunales nacionales de otros Estados desempeñan un papel fundamental para llenar ese vacío".