Amnistía critica a Francia por la venta de material antidisturbios a Líbano
MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
Al menos una persona ha muerto y más de 220 han resultado heridas en las protestas registradas en la noche del miércoles en la ciudad libanesa de Trípoli (norte) contra el confinamiento decretado por el Gobierno frente a la pandemia de coronavirus.
Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el fallecido es un hombre de 30 años que había sido ingresado en un hospital de Trípoli tras los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la ciudad.
Los incidentes se han saldado además con cinco detenidos, mientras que fuentes oficiales han señalado que entre los heridos hay alrededor de 30 militares.
Un grupo de manifestantes se congregaron a las puertas de la sede del Gobierno en el centro de Trípoli para protestar contra la ausencia de ayudas económicas, mientras los negocios se ven obligados a cerrar a causa de las restricciones por la pandemia, que ha dejado ya en el país casi 290.000 contagios y más 2.500 fallecidos.
Los enfrentamientos estallaron cuando un grupo de manifestantes intentó acceder a la sede gubernamental, a lo que los efectivos de las fuerzas de seguridad respondieron lanzando gases lacrimógenos, con el uso de cañones de agua, e incluso, según apuntan algunos medios locales, con fuego real.
Lejos de disolver las protestas, la situación ha continuado con el lanzamiento de piedras y otros objetos sobre los policías y militares, así como con la construcción de barricadas improvisadas para evitar los accesos a Al Nur, la céntrica plaza de Trípoli en la que estaban teniendo lugar los choques.
Por su parte, la Cruz Roja libanesa ha informado en su cuenta de Twitter de que 35 personas han sido trasladadas a varios hospitales de la zona, mientras que otras 67 han sido tratadas en sus unidades móviles. En los días previos, otras casi 80 personas resultaron también heridas.
Las manifestaciones se han replicado en las últimas horas por varias ciudades de Líbano --que afronta su peor crisis económica desde la guerra civil (1975-1990)--, como Sidón, en el sur del país, donde decenas de manifestantes bloquearon las carreteras en apoyo a las protestas en Trípoli, o en la capital, Beirut, donde se han quemado contenedores y creado barricadas en la céntrica plaza de Riad el Solh, cerca del Parlamento.
"MENSAJES POLÍTICOS"
El primer ministro designado de Líbano, Saad Hariri, ha indicado que las protestas podrían haber sido azuzadas por "partes que buscan enviar mensajes políticos", si bien ha destacado que las autoridades deben dar apoyo a las familias pobres ante el confinamiento por el coronavirus.
"Partes que buscan enviar mensajes políticos podrían estar detrás de las protestas en Trípoli y podría haber partes explotando el dolor de la gente y las dificultades económicas de los pobres y las personas con bajos ingresos", ha sostenido a través de su cuenta en Twitter.
"Ciertamente, no hay justificación para los ataques contra propiedades privadas, mercados e instituciones oficiales bajo el pretexto de la oposición al confinamiento, pero eso no niega el hecho de que hay grupos de personas que buscan un sustento para el día a día", ha manifestado.
Así, Hariri ha apuntado que "no es correcto que el Estado se quede de brazos cruzados y no adopte iniciativas para compensar a las familias pobres y que sufren necesidades", antes de pedir a la población del país que "se posicione contra una explotación de sus condiciones de vida".
"Pido a todas los ministerios relevantes que usen todos los medios disponibles para reducir la pobreza y el hambre y para crear los pilares sociales para que los ciudadanos estén comprometidos con el confinamiento", ha señalado.
En esta línea, ha insistido en que las restricciones "buscan proteger a los ciudadanos de los peligros del coronavirus" y ha argüido que "respetarlas es una responsabilidad". Por último, ha pedido "un plan claro" para que "el confinamiento sea aplicado de la manera adecuada".
Líbano se halla sin Gobierno desde agosto a raíz de la dimisión de Hasán Diab días después de las explosiones en el puerto de Beirut, que dejaron más de 200 muertos y 7.000 heridos, golpeando aún más una precaria situación económica ya de por sí maltrecha por culpa de la corrupción endémica y la crisis del coronavirus.
Hariri fue designado para la tarea en octubre de 2020, cerca de un año después de dimitir del cargo en medio de otra oleada de movilizaciones populares contra su Ejecutivo a causa de la mala situación económica del país, ante la falta de acuerdo sobre otro candidato tras la dimisión de Diab, quien se encuentra en funciones hasta la formación del nuevo Ejecutivo.
AMNISTÍA CRITICA A FRANCIA
Los nuevos incidentes han tenido lugar después de que la organización no gubernamental Amnistía Internacional criticara a Francia por la venta de equipos antidisturbios y otro tipo de armamento que ha sido usado de forma "innecesaria o excesiva" por parte de las fuerzas de seguridad libanesa para reprimir las protestas en el país.
"Francia ha suministrado desde hace años a las fuerzas de seguridad equipamiento de seguridad que es usado para cometer o facilitar graves violaciones de los Derechos Humanos, más recientemente durante las protestas de octubre de 2019", ha dicho Aymer Elluin, del equipo sobre transferencia de armas de Amnistía en Francia.
"En línea con sus obligaciones bajo las leyes internacionales, regionales y nacionales, pedimos a Francia que garantice que no hay más ventas hasta que las autoridades libanesas hayan reconocido sus violaciones en el pasado y, lo más importante, tomen medidas para disuadir que se repitan", ha sostenido.
Así, ha denunciado que "las fuerzas de seguridad libanesas están operando en un clima de impunidad" y ha agregado que "no hay investigaciones efectivas sobre el uso ilegal de armas, incluidas las fabricadas en Francia, contra manifestantes pacíficos y ni un solo miembro de las fuerzas de seguridad ha rendido cuentas ante las autoridades judiciales".
Amnistía ha recordado que al menos mil personas resultaron heridas durante las protestas que estallaron en octubre de 2019 contra el Gobierno de Hariri por la crisis económica, el alto desempleo y la corrupción, y las que se sucedieron posteriormente en marzo y en agosto de 2020.
De esta forma, ha resaltado que en los doce meses posteriores a las protestas de octubre de 2019 se presentaron al menos 40 denuncias en nombre de los heridos, sin que las autoridades hayan investigado la actuación de las fuerzas de seguridad.
Asimismo, ha denunciado el uso excesivo de los gases lacrimógenos durante las protestas y ha hecho hincapié en que en muchas ocasiones "el propósito era claramente dispersar una protesta pacífica, lo que viola el derecho de asamblea".
Por otra parte, ha recalcado que ha documentado casos en los que las fuerzas de seguridad dispararon directamente los botes de gases lacrimógenos contra los manifestantes, así como el disparo de balas de goma a la altura del pecho, lo que provocó heridos graves.
"Las autoridades francesas deben informar a las fuerzas de seguridad libanesas de que sólo se retomarán las exportaciones una vez demuestren que el equipamiento es usado en línea con el Derecho Internacional y los estándares sobre el uso de la fuerza", ha reiterado Elluin, quien ha incidido en que "una forma de demostrar esto es mostrar que ha habido una rendición de cuentas total por los abusos del pasado y compensaciones para las víctimas de los mismos".
Por último, ha argüido que el compromiso del presidente francés, Emmanuel Macron, de dar apoyo al pueblo libanés "debe extenderse a la promoción de los Derechos Humanos, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho, en lugar de poner equipamiento francés en manos de responsables de graves abusos de los Derechos Humanos".