MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Especial para Líbano, creado con el principal objetivo de juzgar el asesinato del primer ministro Rafik Hariri, ha reconocido que se enfrenta a "una crisis financiera sin precedentes" que, si no se resuelve de forma "inmediata", implicará la desaparición de este organismo internacional en los próximos meses.
El tribunal, que ya ha notificado su grave situación a Naciones Unidas, depende en gran medida de contribuciones voluntarias de países donantes, que representan un 51 por ciento, mientras que el Estado libanés se hace cargo del 49 por ciento restante.
Horas después, el portavoz del secretario general de la ONU, Stephane Dujarric, ha aclarado que respecto a esta cuestión el organismo es "consciente" y está "preocupado". En este sentido, ha asegurado que el secretario general, António Guterres, ha participado "activamente en los esfuerzos para asegurar fondos adicionales para el Tribunal" y continuará haciendo llamamientos a la comunidad internacional.
Asimismo, ha concretado que, hasta ahora se han conseguido 15,5 millones de dólares y que aún está pendiente una parte del saldo correspondiente al Gobierno de Líbano.
"Lo que queremos es que los Estados miembros, la comunidad internacional, cualquiera que sea la fórmula que quieran utilizar, aporten dinero lo antes posible para que el Tribunal pueda continuar con su importante labor y hacer justicia a las víctimas", ha aseverado Dujarric.
Los efectos de la pandemia a nivel global y la "preocupante" situación de Líbano, que carece de un gobierno con plenos poderes a raíz de la crisis desatada por las explosiones en el puerto de Beirut en agosto de 2020, ya había obligado a la corte a reducir su presupuesto en 2021 en un 37 por ciento.
En marzo, recibió una ayuda de 15,5 millones de dólares con la que la ONU asumió tres cuartas partes de lo que le correspondía a abonar a Líbano, pero no basta para que el tribunal pueda seguir funcionando. El plazo límite sería finales de julio.
JUSTICIA PENDIENTE
El Tribunal Especial para Líbano logró concluir en 2020 el juicio que había iniciado en 2014 y en el que examinó la supuesta responsabilidad de varios presuntos miembros del partido-milicia Hezbolá en el asesinato de Hariri, que falleció en 2005 víctima de un atentado en el que también perdieron la vida alrededor de una veintena de personas más.
El juicio, desarrollado en ausencia de los cuatro imputados, concluyó con una única condena, la de Salim Jamil Ayyash. Hezbolá siempre ha mostrado su rechazo absoluto al proceso y ha cuestionado la supuesta politización de la corte, que consideran bajo la influencia de Estados Unidos e Israel.
El tribunal ha advertido, no obstante, de que tiene otros frentes abiertos y que su hipotético cierre afectará en última instancia a víctimas que "habían depositado su esperanza y confianza en la justicia penal internacional". En este sentido, ha subrayado que mecanismos de este tipo "envían un mensaje contundente de que el terrorismo no quedará impune".