El Gobierno de Ortega considera las sanciones como "una nueva violación de la soberanía de Nicaragua"
MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles nuevas sanciones económicas contra cuatro ciudadanos nicaragüenses, entre los cuales está Camila Ortega Murillo, hija del presidente del país, Daniel Ortega, como consecuencia de las recientes acciones del Gobierno contra políticos opositores.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha explicado que estas cuatro personas han sido designadas por el "apoyo" que brindan "al régimen de Ortega", el cual "ha socavado la democracia" y "ha abusado de los Derechos Humanos", además de haber "promulgado leyes represivas" que han afectado a la situación económica del país y a la libertad de expresión de la prensa.
"Las acciones del presidente Ortega están dañando a los nicaragüenses y llevando al país a una profunda tiranía", ha justificado la directora de la OFAC, Andrea M. Gacki, para quien "está claro que el régimen de Ortega tiene la intención de continuar reprimiendo al pueblo nicaragüense, por lo que "Estados Unidos continuará señalando a aquellos funcionarios que ignoren la voluntad de sus ciudadanos".
En el caso de Ortega Murillo, Washington considera que se trata de "una asesora clave" del presidente Ortega y de su madre, la vicepresidenta, Rosario Murillo, además "administra el canal de televisión Canal 13", medio de comunicación familiar que "difunde propaganda estatal", mientras "utilizan las leyes fiscales para exprimir a los medios independientes y rivales".
Asimismo, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha abierto su rueda de prensa diaria refiriéndose a que las sanciones reflejan que "hay costos para quienes son cómplices de la represión del régimen".
"Ortega se está convirtiendo en un paria internacional alejándose cada vez más de la democracia", ha continuado, para sentenciar que no dudarán en poner en marcha herramientas adicionales para "hacer que los miembros del régimen rindan cuentas".
El resto de sancionados, cuyas propiedades e intereses en Estados Unidos serán bloqueados, son el presidente del Banco Central de Nicaragua, Leonardo Reyes Ramírez; el general del Ejército de Nicaragua, Julio Rodríguez Balladares; y el diputado de la Asamblea Nacional Edwin Castro.
Las sanciones se producen un día después de que Estados Unidos reaccionaria a las últimas detenciones de precandidatos opositores a las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre calificando a Ortega como "dictador" y asegurando que la comunidad internacional "no tiene más opción que tratarle como tal".
En las últimas dos semanas, las autoridades han detenido a cuatro opositores. La primera en ser arrestada, acusada de un supuesto delito de blanqueo de dinero, fue Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997), seguida de Arturo Cruz, por "atentado contra la sociedad y los derechos del pueblo".
A ellos se les unieron en las últimas 48 horas Félix Marariaga y Juan Sebastián Chamorro, así como el líder opositor José Adán Aguerri.
Tras conocer las sanciones, el Gobierno de Ortega ha condenado la medida en una intervención de la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, quien ha tachado estas de "ilegales, arbitrarias, coercitivas y unilaterales", según informa el medio nicaragüense 'La Prensa'.
También a través de un comunicado, el régimen ha protestado "enérgicamente" por las sanciones y ha rechazado lo que ha considerado una "reiterada violación de los instrumentos internacionales que rigen el derecho soberano de los Estados".
"No nos reconocemos como colonia de ninguna potencia", ha añadido el comunicado, para reivindicar la "dignidad y el decoro nacionales" frente a Estados Unidos y "cualquier otra entidad colonialista y neocolonialista". "A estas alturas de la vida creen tener el poder de avasallar y humillar nuestra independencia", ha recogido el escrito.
Así, el Gobierno de Ortega ha considerado las sanciones como "una nueva violación de la soberanía de Nicaragua" que, a su juicio, "confirma lo denunciado sobre el vendepatrismo y las pretensiones y acciones terroristas y usurpadoras que desde el intento de golpe de Estado del 2018 se han venido acentuando", ha concluido.