El Gobierno avanza que en las "próximas horas" se tomarán "decisiones" al respecto
La Procuraduría Anticorrupción denuncia penalmente al secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, por las presuntas presiones
MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta tercera del Congreso de Perú, del opositor Avanza País, Patricia Chirinos, ha presentado este martes una denuncia constitucional contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, por presuntos delitos de coacción y patrocinio ilegal, tras ser acusado por algunos antiguos mandos del Ejército de presiones para ascender indebidamente a otros oficiales.
La congresista Chirinos basa su denuncia en el Artículo 99 de la Constitución peruana, que ampara una acusación contra alguno de los ministros "por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas", por lo que Ayala está sujeto a un "antejuicio político".
En la denuncia presentada por Chirinos se expone que hay "serios indicios", gracias a las declaraciones del excomandante del Ejército, el general José Vizcarra, de que Ayala habría incurrido en un delito de coacción "al haber amenazado para obligarle a ascender a personas de su entorno".
A su vez, Chirinos ha recurrido al Artículo 385 del Código Penal para sustentar la denuncia por un delito de patrocinio ilegal, puesto que Ayala, "valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público patrocina intereses de particulares ante la administración pública", en este caso concreto, añade, en favor de personas vinculadas, "incluso", con el presidente de Perú, Pedro Castillo.
Por otro lado, el congresista Jorge Montoya, portavoz del también opositor Renovación Popular, ha adelantado que su grupo presentará una moción para interpelar al ministro Ayala por estos hechos. "Ya está clara la situación, lo vamos a interpelar, tenemos la moción lista y luego sigue la censura", ha contado para la cadena peruana RPP.
EL GOBIERNO ESTÁ "TOMANDO DECISIONES"
Ante estas acusaciones, la primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, ha adelantado este martes que el Gobierno está "tomando decisiones" al respecto, las cuales serán anunciadas en las "próximas horas", después de que el lunes y ante la polémica suscitada, el ministro Ayala pusiera su cargo a disposición de Castillo.
Ante el Congreso, Vásquez ha calificado como "graves" estas denuncias y ha subrayado que las decisiones que se tomarán "responden a la preocupación de la población y de los diferentes sectores, incluyendo el Legislativo, que toman con "mucha seriedad", informa el diario peruano 'La República'.
"Desde el Gobierno queremos reafirmar que somos respetuosos con las Fuerzas Armadas, que son un actor estratégico y muy importante para proteger la soberanía de este Estado. Queremos reafirmar este respeto que tenemos y nuestra actitud de no interferencia frente a las decisiones que se tomen", ha remarcado.
El lunes, los excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea José Vizcarra y Jorge Luis Chaparro, respectivamente, denunciaron que habían recibido presiones por parte del ministro Ayala, así como del secretario del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, para ascender a una serie de altos mandos militares.
Tanto Vizcarra como Chaparro señalaron que dichos ascensos serían irregulares al no cumplir con la meritocracia y el debido proceso requerido, denunciando posteriormente que habrían sido retirados de sus cargos al no plegarse a estas supuestas presiones. Ambos han sido invitados este martes a la Comisión de Defensa del Congreso para ahondar en este asunto.
Además, la Procuraduría Anticorrupción ha presentado una denuncia penal contra el secretario de la Presidencia por un presunto delito contra la Administración Pública en la modalidad de tráfico de influencias por las supuestas interferencias que habría cometido en el ascenso de los altos mandos, informa el periódico peruano 'La República'.
El procurador público Javier Pacheco ha solicitado en un escrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima el inicio de una investigación preliminar por el mencionado delito que ha supuesto un "agravio" en el Ejército del país.
En la misma, se cita al secretario, pero se advierte de que se incluye a "los que resulten responsables" durante el curso de las investigaciones del caso.
Especialistas han señalado que Bruno Pacheco podría ser acusado por coacción, patrocinio ilegal y tráfico de influencias, por lo que, de ser hallado culpable, podría recibir una pena de hasta ocho años de cárcel.