MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
Alrededor del 60 por ciento de la población de Sudán del Sur, o lo que es lo mismo 7,24 millones de personas, se enfrentarán a una grave inseguridad alimentaria y necesitarán asistencia urgente en 2021, según ha advertido este viernes la ONU, subrayando que muchas familias ya han agotado todas sus estrategias de supervivencia de emergencia.
"El deterioro de la situación de seguridad alimentaria en el país es alarmante y requerirá una acción inmediata", ha alertado el coordinador humanitario de la ONU en Sudán del Sur, Alain Noudéhou. Unos 1,4 millones de niños menores de 5 años podrían enfrentarse a desnutrición aguda en 2021, la cifra más alta de los tres últimos años.
Este año, gracias a los fondos de los donantes y del Fondo Central de Respuesta de Emergencia de la ONU, tanto las agencias de Naciones Unidas como las ONG han conseguido "ofrecer apoyo humanitario, incluida asistencia alimentaria, a más de 6 millones de personas", ha precisado.
Ahora, ha explicado, las organizaciones humanitarias están incrementando su respuesta en las zonas prioritarias en Gran Pibor, Jonglei y Warrap "para ofrecer asistencia alimentaria, apoyo en salud y nutrición, servicios de protección y agua potable a las personas necesitadas".
Noudéhou ha subrayado que 2020 "ha sido un año realmente difícil" para los sursudaneses, ya que el país se ha visto duramente golpeado por segundo año consecutivo por graves inundaciones, además de la persistente violencia en algunas zonas y las restricciones relacionadas con la COVID-19.
"La depreciación de la moneda y otros problemas económicos se han sumado a un contexto ya desafiante, llevando a un aumento dramático en la inseguridad alimentaria aguda", ha resaltado, subrayando que por ello se ha intensificado la asistencia para "evitar un mayor deterioro".
Tras seis meses de inundaciones, las aguas están remitiendo en muchas zonas y la mejora prevista de las condiciones de las carreteras debería acelerar el reparto de ayuda y el envío de reservas de suministro a zonas remotas, ha explicado la ONU en su comunicado. Sin embargo, con la llegada de la estación seca también suele producirse un aumento de la violencia y la inseguridad, lo que supone más riesgos para población y trabajadores humanitarios.
LA POBLACIÓN NECESITA AYUDA DESESPERADAMENTE
"La gente está sufriendo en muchas partes del país y necesita desesperadamente ayuda", ha destacado el coordinador de la ONU, defendiendo que "deberían ser capaces de acceder a asistencia sin miedo y los trabajadores humanitarios deberían tener acceso seguro y sin restricciones a ello". Por este motivo, "los combates y la violencia deben cesar si queremos ver una mejora de la situación humanitaria y que el país se recupera y camina hacia una paz duradera", ha remachado Noudéhou.
El país no termina de salir del conflicto en el que se vio sumido hace justo siete años, en diciembre de 2013, pese a que el Gobierno de Salva Kiir firmó un acuerdo en septiembre de 2018 con los principales grupos rebeldes, incluido el comandado por Riek Machar.
Esta misma semana, el enviado de la ONU para Sudán del Sur, David Shearer, advirtió de que la aplicación del acuerdo de paz se encuentra estancada, con algunos puntos aún por cumplir.
Durante su intervención este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU para informar sobre la situación en el país, Shearer destacó los logros alcanzados hasta ahora, como la creación del gobierno de unidad el pasado febrero o el hecho de que hayan sido nombrados nueve de los diez gobernadores, entre otras cuestiones. "Pero el progreso se está demorando", previno.
La unificación de las fuerzas de seguridad "está estancada, lo que deja a los combatientes en los centros de entrenamiento a menudo sin comida ni alojamiento adecuado", destacó. Además, la falta de acuerdo sobre el gobernador de Alto Nilo, el único aún sin designar, "se está usando ahora para frenar el nombramiento de los comisarios de condado, que son una parte esencial del gobierno local", lo que a su vez dificulta controlar la violencia intercomunitaria.
Según el también jefe de la Misión de la ONU en el país (UNMISS), aunque los incidentes violentos han disminuido un 64 por ciento en el tercer trimestre del año, más de 2.000 civiles han muerto en la violencia de carácter intercomunitario y local, que está siendo instrumentalizada por "actores externos que actúan por sus propios intereses económicos o políticos".
NUEVOS ENFRENTAMIENTOS INTERCOMUNITARIOS
Por otra parte, las autoridades sursudanesas han confirmado durante la jornada la muerte de al menos cinco personas en nuevos enfrentamientos registrados a causa de un ataque en el estado de Warrap que tenía como objetivo el robo de ganado.
"La violencia fue causada por un grupo de ladrones de ganado de Kirik que se organizó y cruzó el antiguo condado de Warrap, donde está la comunidad noi, para intentar robar ganado allí durante los últimos cuatro días", ha dicho Awan Mapuoc, antiguo secretario general del estado de Tonj, ahora desaparecido tras la última reorganización territorial.
Así, ha detallado que cuatro de los muertos son miembros de la comunidad kirik, antes de agregar que el quinto era integrante de la comunidad noi, antes de resaltar que este incidente no es una muestra de unas tensiones interétnicas más profundas en la zona, según ha informado la emisora Radio Tamazuj.
"Hemos controlado la situación de seguridad y estamos organizando un comité de paz que incluya a las autoridades locales, a sus jefes y a algunos funcionarios de alto nivel para que vayan a Kirik Payam a hablar con las comunidades", ha explicado Mapuoc.
Naciones Unidas afirmó en noviembre que más de un millar de personas murieron en enfrentamientos intercomunitarios registrados en Sudán del Sur durante el primer semestre del año, en medio de un repunte de las tensiones étnicas en el país africano a pesar del descenso de la violencia política tras el acuerdo de paz de 2018.
El descenso experimentado por la violencia política en el país durante los últimos meses se ha visto reemplazado por una explosión de violencia intercomunitaria relacionada en parte con la inseguridad alimentaria tanto en el estado de Jonglei como en la región del Gran Pibor.
Estos conflictos, asociados tradicionalmente al pastoreo, han degenerado en los últimos años a combates militares en firme por culpa de la adquisición de armamento de contrabando. Ante esta situación, el presidente del país, Salva Kiir, anunció a principios de julio una serie de medidas para acabar con la creciente violencia intercomunitaria, incluida una campaña de desarme a gran escala.