EL ALTO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Al menos ocho personas murieron y más de treinta resultaron heridas el martes en Bolivia durante un operativo policial y militar cuyo objetivo era facilitar la salida de 40 camiones cisterna de la planta de hidrocarburos de Senkata, en El Alto, para abastecer a La Paz.
El lugar se encontraba bloqueado desde hacía días por seguidores del ex presidente Evo Morales, exiliado en México, que reclaman la renuncia inmediata de Jeanine Áñez, que se proclamó presidenta interina el pasado 12 de noviembre.
La Defensoría del Pueblo y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) han elevado este miércoles a ocho las personas fallecidas en el marco de dicho operativo. "Se va a proceder a hacer la autopsia para poder señalar cuál ha sido la causa de la muerte para que se diga la verdad", ha dicho la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Además, ha reiterado su llamamiento a un diálogo "sin acusaciones ni amenazas de persecución". "La población en este momento lo que está pidiendo es Justicia, y está en su legítimo derecho", ha avisado.
El ministro de Defensa de Áñez, Fernando López, ha asegurado que de las Fuerzas Armadas "no ha salido ni un solo disparo" en Senkata y ha instado a esperar a que se realicen los informes pertinentes para establecer las causas de las muertes.
"Hordas en estado inconveniente decidieron ingresar a la planta de Senkata con cachorros de dinamita, decidieron voltear paredes con cachorros de dinamita, quemar vehículos y robar garrafas de gas", ha contado, según recoge el diario local 'La Razón'.
"Consideramos que lo que está moviendo a esas personas es un mero vandalismo", ha denunciado antes de asegurar que "(los movilizados) están recibiendo órdenes, dinero, alcohol y coca para causar vandalismo, para causar terror y pánico.
"¿ACASO SOMOS PERROS?"
Sin embargo, algunos de los manifestantes allí presentes han denunciado el uso excesivo de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. "Aquí han venido directamente a bala. Esto no puede quedarse así. ¿Acaso somos perros nosotros? ¿Somos animales? Tenemos derechos", ha reclamado Jorge Quispe, una de las personas presentes en el bloqueo.
El bloqueo de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) en Senkata había ocasionado escasez de combustible tanto en El Alto como en La Paz. El 80 por ciento del transporte público no estaba funcionando, según datos del sindicato local, en una ciudad en la que escasean también frutas, hortalizas y productos cárnicos, como el pollo.
A media mañana del martes, grupos de policías y militares llegaron a la planta, donde se atrincheraban más soldados, y propiciaron la salida de unos 40 camiones cisterna rumbo a la localidad de La Paz. Por el camino hicieron uso de gases lacrimógenos.
Cuando el convoy abandonaba la zona, los manifestantes han vuelto a Senkata, tumbando varios muros de la planta con explosivos, y generándose nuevos choques con policías y militares.
Por otra parte, algunos de los heridos se encuentran graves y necesitan cirugía. Fueron llevados a los hospitales de la zona entre gritos de los manifestantes.
El lugar era, a primera hora de la tarde, un polvorín. A unos 200 metros de la planta todavía se daban choques entre manifestantes y las fuerzas del orden.
Para llegar al lugar había que pasar varias barricadas, dispuestas por los vecinos con goma quemada, y piedras de gran tamaño. Parte de los militares y policías no pudieron volver por el mismo sitio que habían llegado, debido a esos bloqueos.
Podía observarse cómo las zanjas cavadas días antes por los afines a Morales para evitar el paso de vehículos habían sido rellenadas de tierra por las autoridades para permitir el paso del convoy de camiones cisternas. Las fogatas eran constantes y el olor a humo se mezclaba con el de los gases lacrimógenos. En la mayoría de bloqueos había vecinos intentando organizarse.
"Nosotros estábamos aquí pacíficamente cuidando nuestro yacimiento. Pero llegaron primero los policías y luego los militares, y directamente nos lanzaron gases y balas. No han tenido compasión. Tiraban a niños y a abuelos", ha señalado Jorge Tancara, uno de los seguidores de Morales que mantiene el bloqueo.
"Pedimos justicia. No estamos luchando por los políticos. Simplemente queremos nuestro litio. Para nuestros hijos. Y nos están matando como a perros. Como a animales o peor. Áñez dijo que aquí no tenía que haber muertos, pero ahora están matando a la gente de El Alto", ha añadido Tancara.
Los manifestantes retomaron el bloqueo de la vía principal a Senkata y de otras calles secundarias después de que, a media tarde, se marchara el grueso de los oficiales.
No muy lejos de allí un grupo de personas incendió la vivienda de Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto, opuesta al Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales. El Gobierno de Áñez había dicho estar dispuesto a agotar el diálogo antes de intentar entrar por la fuerza en la planta.
RIESGO DE IMPUNIDAD
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido del riesgo de impunidad en Bolivia.
"Desde la salida del ex presidente Evo Morales, la fuerte respuesta represiva, por parte de las fuerzas de seguridad, con la utilización de armas de fuego, ha generado un incremento en el número de personas muertas y heridas", ha aseverado en un comunicado.
"Es de particular preocupación para la Comisión, el hecho de que se estén realizando operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, sin que haya adecuado sustento legal", ha afirmado la CIDH.
El cerco a Senkata se enmarca en las protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Morales proclamó su victoria pero la oposición denunció un "fraude gigantesco" y la auditoria realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó "irregularidades".
En este contexto, Morales dimitió y huyó a México, donde está en calidad de asilado político. No obstante, se declara víctima de un "golpe de Estado" y ni él ni sus seguidores reconocen a Áñez como mandataria en funciones, por lo que los disturbios han continuado. Más de 23 personas han muerto.
Luis Fernando Camacho, principal líder de la oposición, pidió a Áñez la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 19 de enero.