MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Pakistán ha declarado como "ilegal" el arresto del ex primer ministro Imran Jan, detenido el martes por supuesta corrupción, y ha dictado su "liberación inmediata", aunque deberá alojarse en una casa de huéspedes de la Policía paquistaní.
El presidente del Supremo, Umar Ata Bandial, ha ordenado al ex primer ministro personarse el viernes por la mañana en la sede del Tribunal Supremo de la capital, Islamabad, según recoge el diario paquistaní 'Dawn'.
Mientras tanto, Jan se deberá alojar en una casa de huéspedes de la Policía, aunque no será considerado como preso. Además, ha instado a la Policía de Islamabad a que garantice la seguridad del exmandatario durante su estancia.
Durante la vista de este jueves, Bandial ha instado al ex primer ministro a "condenar" las protestas violentas desatadas tras su detención, que han dejado ya al menos ocho muertos y otros 1.900 detenidos. "Solo queremos elecciones en el país", ha defendido Jan.
Por su parte, el Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI), formación liderada por el ex primer ministro, ha hecho un llamamiento a sus simpatizantes para que se alejen de las inmediaciones del tribunal islamabadense.
Jan fue cesado en octubre de 2022 a través de una moción de censura en el Parlamento, aprobada después de que el Tribunal Supremo revocara la decisión del entonces primer ministro de disolver el Parlamento y anunciar elecciones anticipadas.
En noviembre, el ex primer ministro resultó herido de bala tras ser tiroteado durante una protesta organizada por el PTI contra el nuevo Gobierno, encabezado por el actual primer ministro, Shehbaz Sharif.
Hasta ahora se encontraba bajo custodia mientras las autoridades investigan su implicación en un caso de corrupción derivado de la supuesta entrega de unos terrenos a la Universidad Al Qadir a cambio de la devolución de una cantidad de dinero incautada en Reino Unido al empresario paquistaní Malik Riaz.
Tanto el ex primer ministro Jan como su mujer, Bushra Bibi, han sido acusados de estar detrás de un desfalco de 50.000 millones de rupias (unos 157 millones de euros) tras un acuerdo con un multimillonario.