Para el Gobierno húngaro, "es la prueba de que Bruselas abusa de su poder"
MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los gobiernos de Hungría y de Polonia han considerado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre la condicionalidad de los fondos comunitarios supone un paso más en los excesos y la presión recibida, hasta el punto de que Budapest cree que es "la prueba de que Bruselas abusa de su poder" y ha vinculado el dictamen con el referéndum que tendrá lugar en abril.
En dicha consulta, los ciudadanos húngaros deberán pronunciarse no sólo sobre la continuidad del primer ministro, Viktor Orbán, en el poder, sino también sobre la Ley de Protección de la Infancia, una controvertida reforma que vincula homofobia y pederastia y limita el contenido LGTBI en educación.
La ministra de Justicia, Judit Varga, cree que el TUE ha dictado una sentencia "política" motivada por dicha ley. "Es otra presión contra nuestro país sólo porque adoptamos nuestra ley el pasado verano", ha publicado en Twitter.
Orbán ya había anticipado que el TUE tumbaría el recurso húngaro, en un contundente discurso pronunciado el fin de semana y en el que acusó a las instituciones europeas de "luchar una guerra santa, una yihad del Estado de Derecho".
En la misma línea, el ministro de Justicia de Polonia, Zbigniew Ziobro, ha aseverado que a ojos de Varsovia se trata de un ejemplo de "fuerza bruta" y de cómo la ejercen quienes, "con el pretexto del Estado de Derecho, quieren ejercer su poder a expensas de los Estados miembro", informa la agencia de noticias DPA.
Para el Gobierno polaco, la sentencia reafirma la "peligrosa tendencia" del TUE y del resto de instituciones de extralimitarse con consideraciones al margen de los tratados, en palabras del portavoz del Ejecutivo, Piotr Mueller.
No obstante, también ha señalado que la propia corte establece que sólo se pueden suspender los fondos en situaciones definidas "estrictamente" y que afecten al régimen presupuestario comunitario, según la agencia de noticias PAP.
Tanto Budapest como Varsovia habían impugnado ante el TUE un mecanismo un mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de Derecho, alegando que carece de base jurídica y choca con otros instrumentos ya en vigor.
Aplicable desde el pasado 1 de enero, el reglamento fue aprobado con el rechazo de estos dos gobiernos, que bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros durante varias semanas para tratar de tumbar esta condicionalidad.