CARACAS, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
Cuatro personas han muerto y más de 300 han sido detenidas por los disturbios desatados en el marco de las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro que se han celebrado en los últimos días por el "golpe de Estado" ejecutado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional.
El Ministerio Público de Venezuela ha confirmado este miércoles la muerte de Miguel Antonio Colmenares, de 36 años, y un adolescente de 13 años en los enfrentamientos registrados la noche del martes en distintas zonas de Barquisimeto y ha anunciado la apertura de una investigación al respecto.
Estas dos muertes elevan a cuatro el número de víctimas mortales por la represión de las manifestaciones antigubernamentales. Daniel Alejandro Queliz, de 20 años, falleció en los disturbios de la noche del lunes en Valencia y Jairo Ortiz, de 19 años, perdió la vida por los choques con la Policía del 6 de abril a las afueras de Caracas.
Por su parte, el director ejecutivo de Foro Penal, Alfredo Romero, ha indicado en su cuenta oficial de la red social Twitter que entre el 4 y el 11 de abril "van 325 arrestos", de los cuales solo 153 siguen detenidos, entre ellos 15 "han quedado privados de libertad por orden judicial".
Los últimos incidentes tuvieron lugar la noche del martes en barrios populares de Caracas, antiguos bastiones 'chavistas', así como en las ciudades de Petare, Barquisimeto y Valencia, donde se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, incendios y saqueos.
CRISIS INSTITUCIONAL
La Mesa de Unidad Democrática (MUD) --coalición opositora-- no ha dejado de manifestarse en las principales ciudades venezolanas desde el pasado 30 de marzo, cuando el TSJ ratificó que la Asamblea Nacional estaba en "desacato", advirtió a los diputados de que, en consecuencia, cualquier acto que realizarán estaba exento de la protección que concede la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la sede legislativa hasta nuevo aviso.
El Parlamento denunció un "golpe de Estado" por parte del Gobierno de Nicolás Maduro e incluso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, --una fiel 'chavista'-- advirtió de que dicho fallos suponen una "ruptura del orden constitucional". En la misma línea, los países regionales y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por lo que consideraron una vulneración de los principios democráticos.
En un principio, el Gobierno se limitó a emitir un comunicado en el que denunció una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias", pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.
El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos "aclaraciones" que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que Maduro ha dado por superado este "impasse en los poderes públicos". Sin embargo, para los críticos esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.