MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Jeanine Áñez en Bolivia ha revocado este jueves el decreto que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal por los actos cometidos durante las protestas registradas tras las elecciones del pasado 20 de octubre "gracias a que se ha producido la pacificación del país".
Áñez, que ha anunciado la derogación del Decreto Supremo 4078, que eximía a los militares de responsabilidad penal por sus acciones en los operativos de restablecimiento del orden, ha explicado que entonces fue necesario "recurrir al Ejército por los convulsos días que se vivieron en ciudades como El Alto, Cochabamba y Santa Cruz".
Así, ha subrayado que ahora que se ha vuelto a la paz en las calles la norma ha sido "abrogada". "Hemos decidido abrogar el Decreto Supremo 4078. Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la compresión de todos los sectores del país hemos logrado la ansiada pacificación", ha manifestado durante un discurso en el Palacio Quemado.
El artículo 3 del Decreto Supremo 4078 señala que el personal de la FFAA "estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúe en legítima defensa", según ha informado el diario local 'El Deber'.
Áñez ha aprovechado la ocasión para recordar que la norma es un recurso constitucional que los gobiernos tienen a su disposición y que pueden utilizar cuando la seguridad del Estado y la ciudadanía están amenazadas por acciones de violencia.
La norma revocada fue aprobada el 15 de noviembre tras los enfrentamientos entre cocaleros, policías y militares registrados en el municipio de Sacaba, en Cochabamba.
"Nuestro Gobierno tuvo que recurrir a una medida de estas características porque enfrentó acciones violentas que nunca antes habíamos visto en nuestra historia y que nunca más queremos verlas", ha justificado.
La crisis política en Bolivia se desató tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre, en las que el ahora expresidente Evo Morales proclamó su victoria pero la oposición denunció un "fraude gigantesco". La Organización de Estados Americanos (OEA) hizo una auditoría del proceso electoral en la que halló "irregularidades".
Morales dimitió el pasado 10 de noviembre y huyó a México. Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder dejado por el antiguo mandatario y la renuncia de otros altos cargos.
Ni Morales ni sus seguidores reconocen a Áñez porque consideran que su estancia en el Palacio Quemado es fruto de un "golpe de Estado". Ella, por su parte, ha aseverado que solo estará en el cargo el tiempo necesario para convocar nuevas elecciones.