Actualizado 18/10/2007 19:51

Argentina.- Comienza en Argentina el primer juicio oral contra un represor de la ESMA, el mayor centro de detención


BUENOS AIRES, 18 Oct. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -

Los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro clandestino de detención durante la dictadura militar, comenzaron a ser juzgados hoy con el juicio que se le inició al ex oficial de la Prefectura Naval Héctor Febrés, acusado de cuatro casos de secuestros y torturas entre 1976 y 1983.

Este es el cuarto juicio que se inicia contra ex represores, después de la anulación de las leyes de amnistía, y el primero en el que se juzga a ex represores de la ESMA, la escuela donde se formaban a los suboficiales y que fue convertida en un centro clandestino donde se detenían y torturaban a los militantes políticos.

Febrés es juzgado por el Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) por los secuestros y torturas de Carlos Lordkipanidse, Carlos García, Josefa Prada de Olivieri y Alfredo Margari, quienes pasaron por las cárceles clandestinas de la ESMA.

Antes de Febrés, ya fueron condenados el ex policía federal Julio "el turco Julián" Simón, el ex comisario de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz y el ex capellán de esa fuerza de seguridad Christian Von Wernich, el primer sacerdote condenado por su actuación durante la dictadura.

La fiscal Mirna Goransky y algunos abogados querellantes fracasaron en su pedido al tribunal para lograr la suspensión del juicio, al reclamar que todos los represores que actuaron en la ESMA fuesen juzgados en un único proceso para evitar que los mismos testigos deban declarar en varios juicios.

Febrés, de 66 años, ex oficial de Inteligencia de la Prefectura, la fuerza que se encarga de las fronteras acuáticas, era conocido por el apodo de 'Selva' entre los detenidos, entre 1977 y 1981, por su extremo salvajismo, según sobrevivientes. Lordkipanidse, declaró a la prensa que "le decíamos Selva porque era todos los animales juntos".

El abogado Julio Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, declaró a la prensa que "este es un juicio mutilado. El Estado debe garantizar la continuidad de todos los juicios y si no lo hacemos, tendremos que esperar otros dos años, siendo optimistas".