BUENOS AIRES, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Corte Suprema de Argentina ha rechazado este lunes el 'per saltum' presentado por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para revocar la medida cautelar que prorroga la suspensión temporal del artículo 161 de la Ley de Medios, que determina el número de licencias que puede tener cada medio de comunicación en el país sudamericano.
Tras dos reuniones consecutivas, los siete magistrados del alto tribunal han decidido rechazar el 'per saltum' argumentando que es "improcedente" porque "no ha sido interpuesto por un juez de primera instancia".
Así, han recomendado al Gobierno que formule su pretensión a través de un recurso extraordinario, ya que es la única figura que permite actuar sobre las medidas cautelares antes de que se dicte una sentencia en primera instancia.
Además, la Corte Suprema ha rechazado el recurso de avocación presentado por el director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, según informa el diario argentino 'La Nación'.
El pasado viernes, la Cámara Civil y Comercial Federal decidió prorrogar la medida cautelar, que implica la suspensión temporal de la aplicación del 161 y otros artículos, "hasta que se dicte una sentencia definitiva a fin de no alterar significativamente las circunstancias y de asegurar la utilidad, oportunidad y eficacia del fallo".
El tribunal de segunda instancia adoptó esta decisión, después de que los siete magistrados de la Corte Suprema rechazaran por unanimidad el pasado 28 de noviembre la solicitud formulada por el Grupo Clarín para prorrogar la medida cautelar alegando una situación de "indefensión".
De esta forma, se paraliza la entrada en vigor del articulado de la Ley de Medios, que estaba prevista para el 7 de diciembre, lo que supone un nuevo varapalo judicial para el Gobierno de Fernández de Kirchner, ya que dicha norma jurídica es una de sus grandes apuestas.
La entrada en vigor de todo el articulado del texto legal permitiría a las autoridades argentinas arrebatar al Grupo Clarín, uno de sus más firmes opositores, varios medios de comunicación importantes por no cumplir los requisitos para la concesión de licencias.
La batalla judicial entre el Gobierno y el Grupo Clarín comenzó en 2009, cuando el Congreso aprobó la norma jurídica y el conglomerado mediático acudió a los tribunales de justicia para frenar la aplicación de algunos artículos.