Argentina.- La defensa de Cavallo pide la nulidad de las actuaciones de la fiscal al considerarla "imparcial"

Actualizado 16/07/2006 14:03:01 CET

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La defensa del ex represor argentino Miguel Angal Cavallo, quien se enfrenta a penas de hasta 17.010 años de prisión por los crímenes que supuestamente cometió durante la dictadura militar (1976-1983), ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que solicita la nulidad de todas las actuaciones realizadas en la causa por la fiscal adscrita al caso, Dolores Delgado (actual portavoz de la Fiscalía General), al considerar que es "imparcial" por pertenecer a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que en 1996 interpuso la denuncia que dio origen al procedimiento.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Cavallo, Fernando Pamos, denuncia que, a pesar de que Delgado ha sido trasladada de la Audiencia Nacional a la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, sigue firmando escritos en los que se opone los planteamientos de esta parte.

Para Pamos, esta circunstancia constituye "una clamorosa falta de imparcialidad", un motivo de futuras nulidades y una situación que le legitima "para acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al existir una acusación pública parcial y de todo punto interesada".

ABSTENCIÓN DE FISCALES PROGRESISTAS.

La defensa de Cavallo solicita también al fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, que le informe sobre el curso que está dando a una solicitud realizada el pasado 22 de junio de abstención en este caso "de determinados miembros de la carrera Fiscal" pertenecientes a la UPF.

En este grupo incluye Pamos al propio fiscal general, ya que a su juicio forma parte de quienes "ideológicamente (...) comparten el mismo interés que las acusaciones personadas".

El abogado alude en su escrito a varias decisiones de Conde-Pumpido que, a su juicio, "denotan, sin prueba en contrario, parcialidad e interés en la causa", y recuerda que el propio fiscal general defendió la competencia de la Audiencia Nacional en el "caso Guatemala" (contra los represores de la etnia maya) cuando era magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.