Argentina.- El ex dictador Videla seguirá bajo arresto domiciliario por el Plan Cóndor

Actualizado 04/09/2006 19:18:10 CET

BUENOS AIRES, 4 Sep. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -

La Cámara Federal confirmó la prórroga de la prisión preventiva en la causa que investiga el Plan Cóndor --estrategia coordinada por las dictaduras latinoamericanas para la persecución de opositores-- por lo que ex dictador Jorge Rafael Videla seguirá bajo arresto en su domicilio del barrio porteño de Belgrano.

En su resolución, los magistrados de la Sala I Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani -Eduardo Freiler está excusado por haber intervenido como fiscal- afirmaron que, en caso de ser liberado, Videla podría entorpecer la investigación mediante la destrucción de pruebas, según fuentes judiciales citadas por la prensa local.

Por este fallo, el ex dictador seguirá cumpliendo arresto en su domicilio del barrio de Belgrano, beneficio al que accedió por ser mayor de 70 años. El Plan Cóndor es una de las causas que se espera que el juez Guillermo Montenegro eleve a juicio oral antes de fin de año, además de la investigación por el robo sistemático de bebes.

En esos expedientes están acusados los máximos responsables de la dictadura que comenzó el 24 de marzo de 1976. Además de Videla, el ex jefe de facto Reynaldo Bignone, el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, entre otros.

En una medida tomada el 24 de agosto los magistrados recordaron que una resolución anterior en el mismo sentido, prorrogando la prisión preventiva, fue anulada por la Sala IV de la Cámara de Casación que pidió que "se señalen las pruebas en peligro y la manera en que el imputado podría afectarlas".

También recordaron que, "a la luz de la estructura criminal mediante la cual se perpetraron los acontecimientos que centran la instrucción", la complejidad y cantidad de delitos investigados "permiten dar por acreditadas las condiciones objetivas" para la prórroga del encierro cautelar.

Los jueces explicaron que "está probado" que "en ocasiones las fuerzas armadas o servicios de inteligencia actuaban en un país ajeno para privar ilegalmente de la libertad ambulatoria a individuos para luego trasladarlos a su país de origen, o bien, procedían a su eliminación física en el territorio del país extranjero".