Actualizado 24/08/2006 19:51 CET

Argentina.- El fiscal dice que el caso de los sobornos fue el más grave desde el retorno de la democracia

Pide el cierre del expediente para que se realice el juicio oral

BUENOS AIRES, 24 Ago. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -

El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy que se clausure la etapa de instrucción de la causa por el presunto pago de sobornos a senadores en el año 2000 para que los acusados sean sometidos a un juicio oral y público, en un escrito en el que calificó lo sucedido como la crisis institucional "más grave" desde el retorno de la democracia en 1983.

En su escrito de 53 folios, el fiscal acusó de cohecho (soborno) a los nueve procesados, el ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex presidente provisional del Senado José Genoud, el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto y los ex senadores Emilio Cantarero, Ricardo Branda, Remo Costanzo, Alberto Tell y Augusto Alasino.

En la causa también esta acusado el ex presidente radical Fernando de la Rúa (1999-2001), quien ya fue interrogado como sospechoso por Rafecas, quien aún debe decidir si lo procesa por el supuesto pago de sobornos a los senadores peronistas para que apobaran una polémica ley de reforma laboral en abril de 2000.

Sin embargo, De la Rúa no fue incorporado en el dictamen del fiscal que hoy pidió el cierre del caso y su correspondiente elevación a la Cámara de Casación Penal para que sortee al tribunal que juzgará a los acusados, algo que podría ocurrir el año próximo.

El fiscal calificó lo sucedido como "la crisis más aguda de la vida institucional de Argentina desde la salida democrática del 10 de diciembre de 1983", y sostuvo que los hechos ocurrieron "en el centro neurálgico en el que los representantes del pueblo debían (y deben) reunirse a deliberar para crear poder", en referencia al Parlamento.

"Además, y para colmo de males, los otros actores eran parte del Poder Ejecutivo. Es decir, la historia transcurrió en dos lugares que constituyen la matriz de la organización política de una democracia", añadió Delgado en su dictamen.

El fiscal sostuvo que existió un "pacto ilegal" entre los miembros del Ejecutivo acusados y los legisladores al aludir la "acción concreta que guió el devenir histórico del proceso, expresada fríamente en un cohecho, una coima, un soborno".