MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
La fiscal federal argentina Silvina Avila ha solicitado este viernes al juez Guido Otranto que interrogue a un grupo de 12 militantes mapuches por segunda vez, a los que acusa de falso testimonio, asociación ilícita y obstrucción a la Justicia durante la investigación de la desaparición y fallecimiento del joven Santiago Maldonado, según ha informado el diario argentino 'Clarín'.
"La fiscal federal solicitó al juez Guido Otranto que convoque a un grupo de mapuches sospechados de mentir y plantar pistas para alentar una inexistente desaparición forzada", ha informado el periódico.
Maldonado desapareció durante un operativo de la Gendarmería en el sur del país el 1 de agosto del año pasado y su cuerpo finalmente apareció más de dos meses después, el 17 de octubre en el río Chubut, atrapado en un ramaje, cerca del lugar donde se lo vio con vida por última vez.
El 29 de noviembre, el juez Gustavo Lleral decretó el cierre de la investigación, determinando que no existió desaparición forzada. "Los hechos que se presentaron no constituyen delito", manifestó el juez en su fallo entonces.
Por su parte, la fiscal federal Avila ha afirmado que los militantes mapuches mintieron en sus declaraciones, plantaron pistas en el lugar donde murió Maldonado e irrumpieron en la casa del fallecido con el propósito de inculpar a los agentes de Gendarmería Nacional.
En caso de que se demuestre la culpabilidad de los militantes mapuches por falso testimonio, asociación ilícita y obstrucción de la justicia, pueden llegar a cumplir entre 4 y 10 años de prisión.
Maldonado, un tatuador de 28 años de la provincia de Buenos Aires, fue visto por última vez el 1 de agosto de 2017 durante un violento desalojo de la Gendarmería de una protesta de la comunidad indígena mapuche Lof en Resistencia en tierras del grupo Benetton situadas en Chubut que son reclamadas como propias por los pobladores originarios.
La desaparición del joven generó gran conmoción pública en todo el país y fue uno de los temas más polémicos durante las elecciones legislativas que se celebraron ese año, donde se intercambiaron acusaciones de que había sido asesinado y que su cuerpo habría sido ocultado por agentes del Estado.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró por entonces que no había indicios de que Maldonado hubiese sido arrestado por la Gendarmería.
La autopsia, de la que participaron 55 peritos, concluyó que Maldonado "falleció por ahogamiento en las aguas del río Chubut, coadyuvado por hipotermia".
El caso, en un país en el que la desaparición forzada fue una política de Estado de la última dictadura militar, se convirtió en una de las situaciones más controvertidas de la gestión del Gobierno de Mauricio Macri.