BUENOS AIRES, 6 Mar. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -
El Gobierno del presidente Néstor Kirchner impulsa un proyecto de ley para indemnizar a las víctimas del atentado contra la mutual judía AMIA, ocurrido en 1995 en el centro de Buenos Aires, y en el que murieron 85 personas y hubo más de 150 heridos.
La iniciativa oficial se conoció en Washington durante una reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que analiza la denuncia contra el Gobierno argentino por la falta de esclarecimiento del caso.
Ayer la Interpol dio curso a la petición de captura realizada en noviembre por un juez argentino contra seis ex funcionarios del Gobierno de Irán y de la milicia chií libanesa Hezbolá, a quienes se responsabilizó de haber ideado y llevado adelante el ataque.
El proyecto para indemnizar a las familias de los muertos y a los heridos está fechado el 22 de febrero pasado y lleva la firma del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del ministro de Justicia, Alberto Iribarne, informa hoy el diario 'Clarín'.
La iniciativa entró al día siguiente en la mesa de entradas del Congreso y se dio despacho a las comisiones de Legislación general, Justicia y Asuntos Penales, y Presupuesto y Hacienda para su tratamiento durante las sesiones ordinarias del Parlamento argentino.
El proyecto de ley se inspiró en la ley de reparación que indemnizó a las familias de las víctimas durante la dictadura militar (1976-1983), que provocó al menos 9.000 desaparecidos según cifras oficiales y 30.000 de acuerdo con organismos de Derechos Humanos.
El Gobierno argentino reconoció públicamente en marzo de 2005 ante la CIDH su responsabilidad por la falta de prevención y el posterior encubrimiento del atentado. Entonces se inició un proceso de "solución amistosa" en el caso entablado por Memoria Activa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional ante la CIDH.
Actualmente, no hay detenidos en Argentina por el atentado contra la AMIA y un juicio que se siguió contra un grupo de policías acusados de integrar la llamada "conexión local" del ataque terminó con la absolución de todos ellos y severas acusaciones al juez encargado de la investigación.