Actualizado 15/12/2012 08:27

Argentina.- Un juez federal determina que la Ley de Medios es constitucional


BUENOS AIRES, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juez federal argentino Horacio Alfonso ha determinado este viernes que el artículo 161 de la Ley de Medios es constitucional, al considerar que "no se vislumbra afectación a la libertad de expresión", según ha informado la agencia estatal argentina, Télam.

Así, Alfonso ha rechazado la "acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por el Grupo Clarín" y, como consecuencia, ha ordenado "el inmediato levantamiento de toda medida cautelar dictada en el presente proceso".

En su documento, el magistrado ha subrayado que "conviene recordar que el interés general tenido en mira por el nuevo ordenamiento, responde al objetivo de diversificar la oferta informativa y ampliar la posibilidad de ejercer la libertad de expresión a la mayor cantidad posible de medios de comunicación".

Asimismo, ha argumentado que lo que intenta la Ley de Medios "no es afectar la libertad de prensa y de expresión, sino antes bien, que se genere una multiplicidad de canales de comunicación audiovisual". "No se advierte la existencia de un interés superior que autorice a prohibir lisa y llanamente --con los alcances y el sentido en el que ha sido formulada la presentación actoral--, que el sistema de licencias múltiples de radiodifusión sea objeto de un nuevo tratamiento, regulación y distribución", ha añadido.

La semana pasada, la Cámara Civil y Comercial Federal decidió prorrogar la medida cautelar, que implica la suspensión temporal de la aplicación del 161 y otros artículos, "hasta que se dicte una sentencia definitiva a fin de no alterar significativamente las circunstancias y de asegurar la utilidad, oportunidad y eficacia del fallo".

La entrada en vigor de todo el articulado del texto legal permitiría a las autoridades argentinas arrebatar al Grupo Clarín, uno de sus más firmes opositores, varios medios de comunicación importantes por no cumplir los requisitos para la concesión de licencias.

La batalla judicial entre el Gobierno y el Grupo Clarín comenzó en 2009, cuando el Congreso aprobó la norma jurídica y el conglomerado mediático acudió a los tribunales de justicia para frenar la aplicación de algunos artículos.