BUENOS AIRES, 28 Sep. (EP/AP) -
Más de 4.000 presos de distintas cárceles de la provincia de Buenos Aires llevan adelante una huelga de hambre en reclamo de una reforma de la legislación actual, según informó el miércoles el gobierno provincial.
La protesta se inició el 21 de septiembre en la Unidad Penal número 9 de la ciudad de La Plata y luego se extendió a más de una decena de penales de la provincia.
"La población penal involucrada en esta medida es entre 4.000 y 5.000 ciudadanos privados de su libertad en siete u ocho penales de la provincia", aseguró el ministro de Justicia de la provincia, Eduardo Di Rocco, tras un encuentro con los miembros de la Corte Suprema de Buenos Aires para analizar el conflicto. El funcionario no descartó que "puedan sumarse más penales a la huelga de hambre".
Representantes legales de los detenidos dijeron a AP que la cifra asciende a 9.000 en 16 unidades. "Es una medida pacífica. No se ha generado ninguna violencia. Están reclamando cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del Poder Judicial. No ingieren alimentos, pero sí líquidos", explicó el abogado Roberto Cipriano García, quien se desempeña en el "Comité contra la tortura", un organismo público encargado de velar por el respeto a los derechos humanos en el ámbito provincial.
RECLAMAN LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PENAL
Los reos, en un comunicado dirigido a la Corte Suprema, denunciaron "una demora innecesaria en los procesos judiciales y por lo tanto un agravamiento de las situaciones de detención legal de los internos".
Y reclaman a la legislatura y al gobierno de la provincia de Buenos Aires que reformen la "legislación penal en materia de prisión preventiva y excarcelación".
La prisión preventiva se aplica a los reos que por distintas circunstancias puedan eludir el accionar de la justicia antes de su juzgamiento o que en libertad representen un riesgo para la sociedad.
Por la legislación provincial actual, la prisión preventiva puede extenderse hasta ocho años de acuerdo con cada caso. Ello, sumado a la lentitud de la justicia para juzgar a los detenidos, ha derivado en una superpoblación carcelaria. Según cifras oficiales de 2005, unos 32.000 presos sin condena se encuentran alojados en cárceles y comisarías de Buenos Aires.
Esta superpoblación fomenta también la violencia física en los penales. El año pasado más de 70 presos perdieron la vida y otros 63 el año anterior. Los presos ahora se preguntan "cuántos de esos internos eran inocentes según la Constitución por la que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo". Los reclusos reclaman que la prisión preventiva no supere los dos años.
El ministro Di Rocco aseguró que "las peticiones van a ser atendidas. Hay distintas peticiones en las unidades, no todas son iguales. Lo primero que vamos hacer es sistematizar esas peticiones y a partir de ahí proceder, tanto por vía legislativa como por vía judicial, y por el poder Ejecutivo las soluciones que están pidiendo".
El documento fue elaborado por detenidos de un pabellón de buena conducta de la Unidad Penal número 9, en su mayoría hombres de edad avanzada.