BRUSELAS, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular Europeo ha reclamado a Argentina que corrija su decisión de expropiar el 51% de la petrolera YPF que pertenecía a la española Repsol porque se trata de una acción contra los inversores europeos, y le ha advertido de que, de lo contrario, los 'populares europeos' se asegurarán de que el Gobierno "irresponsable" de Cristina Fernández de Kirchner "sufrirá consecuencias serias y duraderas" de parte de la Unión Europea y sus Estados miembros.
El grupo que preside Wilfried Martens ha adoptado una resolución que condena el caso YPF, expresa su apoyo al Gobierno español y anima a las instituciones europeas a poner en marcha las medidas que sean posibles como represalia contra lo que consideran una "violación del Derecho internacional".
La resolución considera que la expropiación de las acciones de Repsol supone "un ataque directo a la actividad empresarial y al principio de seguridad jurídica, provocando así un deterioro de las condiciones en las que las empresas europeas pueden invertir en Argentina".
El PPE insta por ello a la Unión Europea a emplear "todos los instrumentos diplomáticos posibles" para hallar una solución con las autoridades argentinas y a trabajar estrechamente con sus socios en foros internacionales como el G20 y la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de "lograr un consenso que se oponga a las medidas del Gobierno argentino".
También recuerdan que la Unión Europea y los países de Mercosur, entre ellos Argentina, han retomado los intentos por negociar un Acuerdo de Asociación que incluya un tratado de libre comercio. En este sentido, el PPE pide que el caso YPF tenga "un impacto" en tales contactos porque constituye una "señal muy negativa para conseguir el clima de entendimiento necesario para un acuerdo".
El texto adoptado por los 'populares europeos' fue presentada por el secretario general del PPE, Antonio Lopez-Isturiz, y por el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Íñigo Méndez de Vigo.
La resolución fue fue debatida y respaldada por todos los miembros de la presidencia del PPE, entre los que se encontraban el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso; el primer ministro de Finlandia, Jyrki Katainen; los comisarios europeos responsables de Industria y de Mercado Interior, Antonio Tajani y Michel Barnier, respectivamente; el presidente del PPE, Wilfried Martens; y el presidente del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Joseph Daul, según un comunicado del grupo.