BUENOS AIRES, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Senado argentino ha aprobado la reforma de la justicia con el apoyo de las formaciones que respaldan al Gobierno de la presidenta, Cristina Fernández, y a partir de ahora, será el Parlamento el encargado de tramitar el proyecto.
Las diferentes reformas fueron aprobadas el miércoles en diferentes votaciones respaldadas por Nuevo Encuentro, Frente Cívico de Santiago del Estero, Movimiento Popular Neuquino, La Pampa y otros bloques que pertenecen al Frente para la Victoria.
En el caso de la elección en comicios generales de los jueces del Consejo de Magistratura, el Ejecutivo consiguió el apoyo de 133 votos frente a 109. Sobre la obligación de publicar las resoluciones judiciales en internet, 140 diputados lo respaldaron frente a 101, mientras que 136 senadores votaron a favor de la publicación del patrimonio de los funcionarios de la justicia frente a 106.
El presidente de la mayoría kirchnerista en el Senado, Agustín Rossi, aseguró que la reforma procede de la "profunda voluntad de cambiar las cosas" y denunció que "el voto de la oposición marca una actitud política, y es que siguen votando para que las declaraciones de los jueces sigan en sobre cerrado y para que ningún argentino las vea".
Desde el radicalismo, el opositor Ricardo Alfonsín criticó algunas de las reformas, "que de nobles tienen muy poco", y ha precisado que no se oponen a todo el proyecto, sino a algunas de las normas que podrían ir contra la Constitución.
El Consejo de la Magistratura pasará a tener 19 miembros, sumándose un abogado y cinco académicos a los 13 actuales. Además, este organismo será elegido en unas elecciones generales y cada partido incluirá a sus candidatos al Consejo. Cualquier decisión de la institución deberá ser respaldada por mayoría simple y no por las dos terceras partes como hasta ahora.
Entre los cambios ya aprobados por el kirchnerismo en las comisiones del Senado, también destaca la eliminación de las medidas cautelares contra leyes o partes de normas aprobadas por el Gobierno y circunscribe su aprobación al sector privado en caso de que lo determine un juez. La presidenta Fernández asegura que con los cambios en la justicia pretende su "democratización".