BUENOS AIRES, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Argentina ha anulado la decisión de un tribunal federal de casación de cerrar una causa abierta contra el expresidente Carlos Saúl Menem por la voladura de una fábrica de armas en noviembre de 1995, que causó la muerte de siete personas y que fue vinculada con un intento por ocultar pruebas sobre la presunta implicación del exmandatario en el contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador.
Menem fue declarado culpable, el pasado 8 de marzo, de contrabando de armas a Croacia y Ecuador durante su periodo presidencial (1989-1999), anulando con ello el fallo del tribunal de casación que lo absolvió en 2011. El expresidente podría ser condenado a quince años de cárcel, pero, en principio, tiene garantizada la inmunidad parlamentaria hasta 2017 en su calidad de senador.
Según la agencia estatal de noticias Télam, el Supremo decidió ayer miércoles "dejar sin efecto" el fallo de un tribunal federal de casación que a finales de 2010 había decidido cerrar, por prescripción del caso, la causa por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, en la provincia de Córdoba (centro).
El tribunal de casación había decidido cerrar el cargo a petición de los dos imputados, los exmilitares Jorge Antonio Cornejo Torino y Marcelo Diego Gatto, cuyos abogados defensores consideraron que la excesiva prolongación del proceso (doce años sin una sentencia definitiva) suponía una "vulneración de la garantía del plazo razonable".
El Tribunal Supremo ha decidido anular este fallo a partir de un dictamen de un antiguo fiscal general de la Nación, Esteban Righi, y a requerimiento de Ana Gritti, viuda de una de las víctimas mortales, quien había presentado un recurso extraordinario.
La querella de la mujer, que mantuvieron sus hijos tras su fallecimiento, sostiene la hipótesis de que el objetivo de la explosión intencionada de la fábrica militar era ocultar la exportación ilegal de armamento a Croacia y Ecuador. Respecto al "paso excesivo del tiempo" que alegó la defensa, Righi advirtió de que quienes plantearon en su momento la prescripción "no se ocuparon de demostrar lo irrazonable de la prolongación del proceso".