Argentina acusa a Uruguay de "romper unilateralmente el diálogo" que acordaron Mujica y Fernández de Kirchner
BUENOS AIRES, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
Argentina denunciará a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por su decisión unilateral de aumentar la producción de la fábrica de celulosa UPM-Botnia, según ha informado este miércoles su ministro de Exteriores, Héctor Timerman.
"El Gobierno argentino ha resuelto recurrir a la CIJ por la decisión unilateral de Uruguay de permitir un aumento de la producción de UPM-Botnia", ha anunciado en una comparecencia pública desde la Casa Rosada, según ha informado la agencia de noticias oficial Télam.
Timerman ha explicado que la decisión del Gobierno uruguayo "afecta a la soberanía ambiental de Argentina" porque el aumento de la producción en la papelera --una de las industrias más contaminantes del mundo-- perjudicará al entorno natural del río Uruguay, que sirve de frontera a ambos países.
Además, el jefe de la diplomacia argentina ha argumentado que "viola los tratados bilaterales", que obligan a Buenos Aires y a Montevideo a negociar cualquier medida que pueda cambiar el actual estatuto del río Uruguay.
Timerman ha acusado al país vecino de "romper unilateralmente" el diálogo que ayer iniciaron brevemente delegaciones de los dos países en Buenos Aires y al que se comprometieron sus respectivos presidentes para solucionar este asunto.
"Argentina lamenta que los intereses de UPM-Botnia se hayan convertido en un factor determinante en la relación con Uruguay", ha concluido, reiterando que, tanto en este caso como en el de los "fondos buitre" su país "impedirá ser doblegado por una empresa multinacional".
AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
El pasado viernes, el presidente uruguayo, José Mujica, anunció que su Gobierno ha autorizado a la papelera a aumentar su producción, aunque no detalló cuánto, a cambio de mejorar el tratamiento de los residuos vertidos al río Uruguay.
La fábrica de celulosa, por su parte, se comprometió a mejorar las condiciones ambientales. En concreto, UPM-Botnia aseguró que perfeccionará la refrigeración del agua vertida al río Uruguay y que reducirá el índice de fósforo.
En respuesta, el Ministerio de Exteriores de Argentina emitió un comunicado recordando la obligación de Uruguay de negociar la medida y advirtiendo de que, en caso contrario, los tratados bilaterales habilitan al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a ir a La Haya.
"El interés de Botnia-UPM, por más poderosa que sea, no puede promover la violación de fallos internacionales ni de acuerdos entre naciones hermanas. Con este espíritu de respeto y amistad deben ser tratadas todas las presiones que intente efectuar dicha empresa", subrayó.
Para evitar una nueva batalla judicial por la papelera, Mujica y Fernández de Kirchner acordaron el pasado martes que delegaciones de los dos países se reunieran esta semana en Buenos Aires para resolver esta cuestión a nivel bilateral.
"Tenemos diferencias, podemos tener discrepancias, pero en definitiva todos los presidentes de la región tenemos que entender que la unidad es el único camino para seguir en paz", dijo la jefa de Estado argentina ante la atenta mirada de su homólogo uruguayo.
"Estamos en el mismo barco. El río que nos separa, es también el río que no une", aseveró Mujica, recordando que "los pueblos argentino y uruguayo son más que hermanos". "Nacimos de la misma placenta, tenemos un mismo sentir", destacó.
Sin embargo, el diálogo apenas ha durado 24 horas porque Mujica ha ratificado hoy su decisión de autorizar un aumento de la producción, aunque solo en 100.000 toneladas, la mitad de lo solicitado, y con la condición de que la temperatura de sus vertidos no supere los 30 grados centígrados y de que reduzca la cantidad de fósforo de los mismos.
"Me siento federal y 'artiguista' pero estoy en Uruguay y debo cuidar el trabajo de los uruguayos en la cadena forestal", ha explicado, al tiempo que ha revelado que es una "decisión dolorosa" porque enfrentará al país con su vecino.
EL FALLO DE LA CIJ
El 20 de abril de 2010, la CIJ puso fin al primer asalto judicial de Argentina y Uruguay por UPM-Botnia, que mantiene enfrentados a los países vecinos desde 2003 por los supuestos daños ocasionados al medio ambiente por la empresa finlandesa.
El proceso judicial se remonta a 2006, cuando Buenos Aires denunció a Montevideo ante La Haya exigiendo el desmantelamiento de la papelera por su supuesta contaminación "sonora y visual", sus "malos olores" y su impacto sobre el turismo.
La CIJ dio un varapalo judicial a Argentina al considerar que "no hay motivo para el cese ni el desmantelamiento" de UPM-Botnia porque "la contaminación no puede probarse" al no haber una "relación directa" entre su instalación y el cambio climático en el río Uruguay.
A este respecto, añadió que los niveles de sustancias vertidas por la fábrica de celulosa a las aguas del río Uruguay son "insignificantes", si se comparan con los desechos que arrojan otras a ese importante caudal que comparten ambas naciones.
No obstante, la CIJ condenó a Montevideo por haber incumplido el Tratado del Río Uruguay al permitir la instalación de UPM-Botnia en la zona fronteriza sin informar previamente ni negociar las condiciones con Buenos Aires.
"Uruguay no respetó la obligación que le impone el artículo 7 (del acuerdo bilateral) de notificación a la CARU para que decida sobre los perjuicios; no respetó la obligación de negociar; y desconoció los mecanismos de cooperación", sentenció.
Por otro lado, el alto tribunal estableció lo que debería ser el "aprovechamiento racional" del río Uruguay, para el que Buenos Aires y Montevideo deberían promover "el desarrollo sostenible que garantice su protección y la de los derechos económicos de los estados ribereños".
"Todo cambio en el balance ecológico del río Uruguay debe ser asumido por ambas partes, que tienen la obligación de coordinar estas acciones como un rol central. Es importante que las dos respeten esta norma", concluyó.