BUENOS AIRES, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Exteriores de Argentina ha negado este jueves que haya dado un ultimátum al Gobierno de Uruguay para que revoque su decisión unilateral de aumentar la producción de la fábrica de celulosa UPM-Botnia.
"La Cancillería desmiente que el canciller, Héctor Timerman, u otro funcionario hayan dado algún tipo de ultimátum a Uruguay. Es una provocación inventada por medios de comunicación afines a UPM-Botnia", ha escrito en la red social Twitter.
Además, ha emitido un comunicado en el que acusa al diario argentino 'Clarín' --firme opositor al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner-- de "utilizar la contaminación de la pastera sobre el río Uruguay para desinformar a sus lectores y continuar agraviando al Gobierno".
El Ministerio de Exteriores ha explicado que 'Clarín' miente porque en su portada de hoy dice que "Timerman solamente ha mostrado datos parciales" sobre la contaminación en el río Uruguay cuando "había prometido pruebas finales".
"El Gobierno dio a conocer ayer el informe completo y final elaborado por los científicos argentinos pertenecientes al Comité Científico Binacional dependiente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)", ha refutado.
La Cancillería ha recordado que este informe se basa "en los datos que la CARU recibió de las muestras analizadas por los laboratorios canadienses seleccionados por dicho ente binacional, que no han sido cuestionados por Uruguay".
En la misma línea, ha apuntado que "las normas utilizadas son las aprobadas por el Gobierno uruguayo en 1979, así como el Digesto Ambiental del Río Uruguay aprobado por ambos países". "En el informe se aplican las normas más estrictas para el cuidado del medio ambiente", ha señalado.
Con ello, ha instado al medio de comunicación a consultar el informe ambiental completo, que está disponible en la página web del Ministerio de Exteriores, "para evitar que su política de agravios choque con la realidad".
EL "ULTIMÁTUM"
"El único que da un ultimátum es Dios", ha dicho el presidente de Uruguay, José Mujica, contestando así a Timerman, que ayer reiteró el llamamiento a Uruguay para que diera marcha atrás en su decisión unilateral de aumentar la producción en la papelera.
"En esta ocasión, el Gobierno argentino solicita formalmente al Gobierno uruguayo que retrotraiga la decisión para que continuemos en la mesa de negociaciones", dijo en una rueda de prensa celebrada en la Casa Rosada, de acuerdo con la agencia de noticias Télam.
Timerman reveló que "en la última semana Argentina ha solicitado por canales informales a Uruguay que retrotraiga su decisión sobre el aumento de la producción y que vuelva a discutir el tema ambiental, sin obtener respuesta alguna hasta ahora".
Interrogado sobre cuándo acudirá Argentina a la CIJ, contestó que "tal vez esperemos un par de días" para dar un margen de tiempo a Uruguay para responder a este último llamamiento al diálogo. "Ya se lo hemos pedido dos veces", insistió.
AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
El conflicto bilateral se reavivó el pasado 27 de septiembre cuando Mujica anunció que su Gobierno autorizaría a la papelera a aumentar su producción a cambio de que UMP-Botnia mejorara el tratamiento de los residuos vertidos al río Uruguay, frontera natural entre ambos países.
En respuesta, el Ministerio de Exteriores de Argentina emitió un comunicado recordando la obligación de Uruguay de negociar la medida y advirtiendo de que, en caso contrario, los tratados bilaterales habilitan al Gobierno de Fernández de Kirchner a ir a La Haya.
"El interés de Botnia-UPM, por más poderosa que sea, no puede promover la violación de fallos internacionales ni de acuerdos entre naciones hermanas. Con este espíritu de respeto y amistad deben ser tratadas todas las presiones que intente efectuar dicha empresa", subrayó.
Para evitar una nueva batalla judicial por la papelera, Mujica y Fernández de Kirchner acordaron días después que delegaciones de los dos países se reunieran esta semana en Buenos Aires para resolver esta cuestión a nivel bilateral.
"Tenemos diferencias, podemos tener discrepancias, pero en definitiva todos los presidentes de la región tenemos que entender que la unidad es el único camino para seguir en paz", dijo la jefa de Estado argentina ante la atenta mirada de su homólogo uruguayo.
"Estamos en el mismo barco. El río que nos separa, es también el río que no une", aseveró Mujica, recordando que "los pueblos argentino y uruguayo son más que hermanos". "Nacimos de la misma placenta, tenemos un mismo sentir", destacó.
El diálogo apenas duró 24 horas porque Mujica ratificó su decisión de autorizar un aumento de la producción, aunque solo en 100.000 toneladas, la mitad de lo solicitado, y con la condición de que la temperatura de los vertidos no supere los 30 grados centígrados y de que reduzca la cantidad de fósforo de los mismos.
En consecuencia, Argentina anunció el pasado 3 de octubre que denunciaría a Uruguay ante la CIJ por su decisión unilateral de aumentar la producción en la papelera, al considerar que "afecta a su soberanía ambiental" y "viola los tratados bilaterales", que obligan a Buenos Aires y a Montevideo a negociar cualquier medida sobre el río Uruguay.
"Argentina lamenta que los intereses de UPM-Botnia se hayan convertido en un factor determinante en la relación con Uruguay", dijo, reiterando que, tanto en este caso como en el de los "fondos buitre", el país "impedirá ser doblegado por una empresa multinacional".
EL FALLO DE LA CIJ
El 20 de abril de 2010, la CIJ puso fin al primer asalto judicial de Argentina y Uruguay por UPM-Botnia, que mantiene enfrentados a los países vecinos desde 2003 por los supuestos daños ocasionados al medio ambiente por la empresa finlandesa.
El proceso judicial se remonta a 2006, cuando Buenos Aires denunció a Montevideo ante La Haya exigiendo el desmantelamiento de la papelera por su supuesta contaminación "sonora y visual", sus "malos olores" y su impacto sobre el turismo.
La CIJ dio un varapalo judicial a Argentina al considerar que "no hay motivo para el cese ni el desmantelamiento" de UPM-Botnia porque "la contaminación no puede probarse" al no haber una "relación directa" entre su instalación y el cambio climático en el río Uruguay.
A este respecto, añadió que los niveles de sustancias vertidas por la fábrica de celulosa a las aguas del río Uruguay son "insignificantes", si se comparan con los desechos que arrojan otras a ese importante caudal que comparten ambas naciones.
No obstante, la CIJ condenó a Montevideo por haber incumplido el Tratado del Río Uruguay al permitir la instalación de UPM-Botnia en la zona fronteriza sin informar previamente ni negociar las condiciones con Buenos Aires.
"Uruguay no respetó la obligación que le impone el artículo 7 (del acuerdo bilateral) de notificación a la CARU para que decida sobre los perjuicios; no respetó la obligación de negociar; y desconoció los mecanismos de cooperación", sentenció.
Por otro lado, el alto tribunal estableció lo que debería ser el "aprovechamiento racional" del río Uruguay, para el que Buenos Aires y Montevideo deberían promover "el desarrollo sostenible que garantice su protección y la de los derechos económicos de los estados ribereños".
"Todo cambio en el balance ecológico del río Uruguay debe ser asumido por ambas partes, que tienen la obligación de coordinar estas acciones como un rol central. Es importante que las dos respeten esta norma", concluyó.