BUENOS AIRES, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los presidentes de Argentina y Uruguay, Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica, respectivamente han acordado negociar el aumento de la producción de la fábrica de celulosa UPM-Botnia para no acudir otra vez a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
"Los presidentes se reunieron con la cordialidad y la confianza de siempre y resolvieron que este martes viaje a Argentina una delegación de Uruguay para tratar el tema de UPM-Botnia", ha dicho el ministro de Exteriores argentino, Héctor Timerman, a la agencia de noticias Télam.
Timerman ha explicado que Fernández de Kirchner y Mujica "intercambiaron opiniones, aunque también hubo información técnica". "El presidente planteó el tema de UPM-Botnia y la presidenta expuso nuestras posiciones", ha detallado.
Interrogado sobre cuál es exactamente la postura argentina, se ha limitado a reiterar que el Gobierno de Fernández de Kirchner "está abierto al diálogo y que "quiere cumplir con el fallo de la CIJ" sobre la papelera finlandesa.
Los dos líderes latinoamericanos se han reunido en el marco del acto en el que han participado este lunes en el puerto de Buenos Aires para botar el catamarán 'Francisco', en honor al nuevo Papa, que comunicará las capitales de ambos países.
"Tenemos diferencias, podemos tener discrepancias, pero en definitiva todos los presidentes de la región tenemos que entender que la unidad es el único camino para seguir en paz", ha dicho la jefa de Estado argentina ante la atenta mirada de su homólogo uruguayo.
Fernández de Kirchner ha recordado que es responsabilidad de los líderes del subcontinente "preservar" a sus habitantes "de los hechos que ocurren en otras latitudes", en alusión a distintos conflictos, aunque no ha hecho referencia expresa a ninguno.
"Estamos en el mismo barco. El río que nos separa, es también el río que no une", ha aseverado Mujica, recordando que "los pueblos argentino y uruguayo son más que hermanos". "Nacimos de la misma placenta, tenemos un mismo sentir", ha destacado.
Ambos gobiernos han rebajado el tono 24 horas después de que Argentina amenazara a Uruguay con acudir otra vez a CIJ por la decisión unilateral del Gobierno de Mujica, de aumentar la producción de la fábrica de celulosa al considerar que viola el fallo de La Haya sobre este asunto.
El Ministerio de Exteriores de Argentina recordó que la CIJ aceptó el límite productivo de un millón de toneladas e impuso a los dos países la obligación de negociar en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) cualquier modificación de su estatuto.
Buenos Aires reveló que Montevideo "presentó por primera vez en marzo de 2012 una solicitud para aumentar la producción, reconociendo que podía afectar al régimen ambiental del río Uruguay, a la calidad de sus aguas y a la navegación".
"En tiempo y forma, Argentina hizo saber a Uruguay a través de la CARU que la información recibida era incompleta, de acuerdo a los artículos 7 y 8 del Estatuto del Río Uruguay, y solicitó información adicional para poder expedirse", indicó.
Según su versión, reiteró "hasta en cuatro ocasiones la solicitud de información adicional sin que la haya recibido, por lo que aún no ha comenzado a correr el plazo de 180 días para que Argentina responda a la solicitud uruguaya, tal y como queda estipulado en el artículo 8".
AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
El pasado viernes, Mujica anunció que su Gobierno ha autorizado a la papelera aumentar su producción, aunque no detalló cuánto, a cambio de mejorar el tratamiento de los residuos vertidos al río Uruguay, que sirve de frontera entre ambos países.
La fábrica de celulosa, por su parte, se ha comprometido a mejorar las condiciones ambientales. En concreto, UPM-Botnia ha asegurado que perfeccionará la refrigeración del agua vertida al río Uruguay y que reducirá el índice de fósforo.
EL FALLO DE LA CIJ
El 20 de abril de 2010, la CIJ puso fin al primer asalto judicial de Argentina y Uruguay por UPM-Botnia, que mantiene enfrentados a los países vecinos desde 2003 por los supuestos daños ocasionados al medio ambiente por la empresa finlandesa.
El proceso judicial se remonta a 2006, cuando Buenos Aires denunció a Montevideo ante La Haya exigiendo el desmantelamiento de la papelera por su supuesta contaminación "sonora y visual", sus "malos olores" y su impacto sobre el turismo.
La CIJ dio un varapalo judicial a Argentina al considerar que "no hay motivo para el cese ni el desmantelamiento" de UPM-Botnia porque "la contaminación no puede probarse" al no haber una "relación directa" entre su instalación y el cambio climático en el río Uruguay.
A este respecto, añadió que los niveles de sustancias vertidas por la fábrica de celulosa a las aguas del río Uruguay son "insignificantes", si se comparan con los desechos que arrojan otras a ese importante caudal que comparten ambas naciones.
No obstante, la CIJ condenó a Montevideo por haber incumplido el Tratado del Río Uruguay al permitir la instalación de UPM-Botnia en la zona fronteriza sin informar previamente ni negociar las condiciones con Buenos Aires.
"Uruguay no respetó la obligación que le impone el artículo 7 (del acuerdo bilateral) de notificación a la CARU para que decida sobre los perjuicios; no respetó la obligación de negociar; y desconoció los mecanismos de cooperación", sentenció.
Por otro lado, el alto tribunal estableció lo que debería ser el "aprovechamiento racional" del río Uruguay, para el que Buenos Aires y Montevideo deberían promover "el desarrollo sostenible que garantice su protección y la de los derechos económicos de los estados ribereños".
"Todo cambio en el balance ecológico del río Uruguay debe ser asumido por ambas partes, que tienen la obligación de coordinar estas acciones como un rol central. Es importante que las dos respeten esta norma", concluyó.