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MONTEVIDEO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Uruguay, José Mujica, ha reconocido que su Gobierno ha aceptado aumentar la producción de la empresa papelera finladesa UPM-Botnia --lo que ha provocado un conflicto con Argentina al encontrarse la fábrica en la frontera común-- para ofrecer oportunidades de trabajo a sus ciudadanos.
El miércoles, Mujica anunció que había autorizado a la papelera a producir 100.000 toneladas más, la mitad de lo que la empresa había pedido, con algunas condiciones relativas al impacto que su actividad tiene en el río Uruguay, que separa al país de Argentina. El Gobierno argentino anunció inmediatamente que llevará la cuestión ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Mujica indicó el jueves que "es un error dejar que una empresa manipule las relaciones entre dos países" después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, criticase la autorización sólo para salvar los empleos.
Con la cuestión de la papelera de fondo, el mandatario ha aprovechado para criticar el consumismo de la sociedad. "Por todas partes tiramos toneladas y toneladas crecientes de papel", ha indicado el mandatario, según ha informado el diario uruguayo 'El País'.
El presidente ha criticado que el sistema económico actual está destruyendo la naturaleza, a pesar de que "todo es veloz, todo es abundante, menos el tiempo". Se "consumen montes enteros que, sin duda, se van y se van", ha denunciado el mandatario. "Acá se ve por qué se consume tanto papel y acá se ve por qué las fabricas son cada vez más eficientes y más grandes", ha apostillado.
Sin embargo, Mujica ha reconocido que las autoridades deben procurar crear las condiciones necesarias para fomentar el trabajo en su país. "Quiero señalar que los gobiernos no tienen, en el fondo, escapatoria, tienen que luchar implacablemente por más trabajo para su gente, por más ingreso para su gente, que se multiplique la riqueza y que se puedan aplicar impuestos que se pagan, que sirven para acortar la brecha social que tenemos, para todo ello hay que crecer, ir para delante", ha afirmado.
Por ello, Mujica ha defendido el acuerdo con UPM. "Nunca tuve dudas, no porque fueran señores buenos o inocentes. Tienen mucha experiencia y dadas las condiciones de nuestro medio es mucho lo que tienen que ganar, saben más que nosotros, que tienen que cuidar el medio ambiente si quieren perdurar en el tiempo", ha asegurado.
"No quieren matar la gallina de los huevos de oro, esto hay que entenderlo", ha añadido.
EL FALLO DE LA CIJ
El 20 de abril de 2010, la CIJ puso fin al primer asalto judicial de Argentina y Uruguay por UPM-Botnia, que mantiene enfrentados a los países vecinos desde 2003 por los supuestos daños ocasionados al medio ambiente por la empresa finlandesa.
El proceso judicial se remonta a 2006, cuando Buenos Aires denunció a Montevideo ante La Haya exigiendo el desmantelamiento de la papelera por su supuesta contaminación "sonora y visual", sus "malos olores" y su impacto sobre el turismo.
La CIJ dio un varapalo judicial a Argentina al considerar que "no hay motivo para el cese ni el desmantelamiento" de UPM-Botnia porque "la contaminación no puede probarse" al no haber una "relación directa" entre su instalación y el cambio climático en el río Uruguay.
A este respecto, añadió que los niveles de sustancias vertidas por la fábrica de celulosa a las aguas del río Uruguay son "insignificantes", si se comparan con los desechos que arrojan otras a ese importante caudal que comparten ambas naciones.
No obstante, la CIJ condenó a Montevideo por haber incumplido el Tratado del Río Uruguay al permitir la instalación de UPM-Botnia en la zona fronteriza sin informar previamente ni negociar las condiciones con Buenos Aires.
"Uruguay no respetó la obligación que le impone el artículo 7 (del acuerdo bilateral) de notificación a la CARU para que decida sobre los perjuicios; no respetó la obligación de negociar; y desconoció los mecanismos de cooperación", sentenció.
Por otro lado, el alto tribunal estableció lo que debería ser el "aprovechamiento racional" del río Uruguay, para el que Buenos Aires y Montevideo deberían promover "el desarrollo sostenible que garantice su protección y la de los derechos económicos de los estados ribereños".
"Todo cambio en el balance ecológico del río Uruguay debe ser asumido por ambas partes, que tienen la obligación de coordinar estas acciones como un rol central. Es importante que las dos respeten esta norma", concluyó.