Actualizado 17/12/2013 21:40

Argentina/Uruguay.- Mujica retrasa las negociaciones sobre UPM-Botnia hasta que Fernández se recupere

José Mujica y Cristina Fernández de Kirchner
REUTERS

BUENOS AIRES, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Uruguay, José Mujica, ha informado este martes de que las negociaciones con Argentina para negociar el aumento de la empresa papelera UPM-Botnia se retrasarán 'sine die' hasta que la mandataria argentina, Cristina Fernández, se recupere totalmente tras ser operada la semana pasada de un hematoma en la parte derecha del cráneo.

"Decidimos no hacer declaraciones, esperar un poco más. Queríamos ver que la señora presidenta se recuperara y le dieran el alta", ha indicado el presidente en declaraciones a Telemundo. "Argentina está en un proceso electoral, me parece que es prudente esperar que pase", ha explicado Mujica sobre las elecciones legislativas del 27 de octubre.

El conflicto bilateral se reavivó el pasado 27 de septiembre cuando Mujica anunció que su Gobierno autorizaría a la papelera aumentar su producción a cambio de que UPM-Botnia mejorara el tratamiento de los residuos vertidos al río Uruguay, frontera natural entre ambos países.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores de Argentina emitió un comunicado recordando la obligación de Uruguay de negociar la medida y advirtiendo de que, en caso contrario, los tratados bilaterales habilitan al Gobierno de Fernández de Kirchner a ir a La Haya.

"El interés de Botnia-UPM, por más poderosa que sea, no puede promover la violación de fallos internacionales ni de acuerdos entre naciones hermanas. Con este espíritu de respeto y amistad deben ser tratadas todas las presiones que intente efectuar dicha empresa", subrayó.

Para evitar una nueva batalla judicial por la papelera, Mujica y Fernández de Kirchner acordaron días después que delegaciones de los dos países se reunieran en Buenos Aires para resolver esta cuestión a nivel bilateral, pero las negociaciones no avanzaron después de que Mujica asegurase que no prescindiría a dar su apoyo al aumento de producción.

En consecuencia, Argentina anunció el pasado 3 de octubre que denunciaría a Uruguay ante la CIJ por su decisión unilateral de aumentar la producción en la papelera, al considerar que "afecta a su soberanía ambiental" y "viola los tratados bilaterales", que obligan a Buenos Aires y a Montevideo a negociar cualquier medida sobre el río Uruguay.

EL FALLO DE LA CIJ

El 20 de abril de 2010, la CIJ puso fin al primer asalto judicial de Argentina y Uruguay por UPM-Botnia, que mantiene enfrentados a los países vecinos desde 2003 por los supuestos daños ocasionados al medio ambiente por la empresa finlandesa.

El proceso judicial se remonta a 2006, cuando Buenos Aires denunció a Montevideo ante La Haya exigiendo el desmantelamiento de la papelera por su supuesta contaminación "sonora y visual", sus "malos olores" y su impacto sobre el turismo.

La CIJ dio un varapalo judicial a Argentina al considerar que "no hay motivo para el cese ni el desmantelamiento" de UPM-Botnia porque "la contaminación no puede probarse" al no haber una "relación directa" entre su instalación y el cambio climático en el río Uruguay.

A este respecto, añadió que los niveles de sustancias vertidas por la fábrica de celulosa a las aguas del río Uruguay son "insignificantes", si se comparan con los desechos que arrojan otras a ese importante caudal que comparten ambas naciones.

No obstante, la CIJ condenó a Montevideo por haber incumplido el Tratado del Río Uruguay al permitir la instalación de UPM-Botnia en la zona fronteriza sin informar previamente ni negociar las condiciones con Buenos Aires.

"Uruguay no respetó la obligación que le impone el artículo 7 (del acuerdo bilateral) de notificación a la CARU para que decida sobre los perjuicios; no respetó la obligación de negociar; y desconoció los mecanismos de cooperación", sentenció.

Por otro lado, el alto tribunal estableció lo que debería ser el "aprovechamiento racional" del río Uruguay, para el que Buenos Aires y Montevideo deberían promover "el desarrollo sostenible que garantice su protección y la de los derechos económicos de los estados ribereños".

"Todo cambio en el balance ecológico del río Uruguay debe ser asumido por ambas partes, que tienen la obligación de coordinar estas acciones como un rol central. Es importante que las dos respeten esta norma", concluyó.