MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
Más de 7.000 personas sufrieron en 2020 la explosión de minas antipersona, según un informe que encadena seis años de subidas consecutivas en las cifras de víctimas y que alerta también de los efectos que han tenido las restricciones adoptadas para contener la pandemia de COVID-19 en los trabajos de desminado.
En concreto, según el estudio que elabora Humanity & Inclusion, 2020 se cerró con 7.073 víctimas, de las cuales un 80 por ciento eran civiles --1.872 de ellas niños--. El estudio atribuye a los artefactos improvisados 2.119 de estas víctimas, mientras que los restos de restos de explosivos corresponden otras 1.760.
Por países, Siria, con 2.729 víctimas, encabeza una lista negra de la qur también forman parte Afganistán (1.474), Malí (368), Yemen (350), Birmania (280), Ucrania (277), Nigeria (226) y Colombia (167), entre otros. En total, Humanity & Inclusion ha registrado casos en 50 países y tres territorios.
El dato globalrepresenta una subida del 21 por ciento en relación a 2019, cuando se registraron 5.863 víctimas, y es más del doble que las 3.465 de 2013. Ese año, hubo diez víctimas de media al día, mientras que en 2020 la media se disparó hasta las 19, alerta la ONG, conocida previamente como Handicap International.
El director ejecutivo de la organización, Jeff Meer, se ha mostrado "profundamente preocupado" por el aumento de los casos, a pesar de que la propia ONG reconoce que las cifras reales podrían ser "significativamente" mayores, ya que muchas zonas quedan fuera de estas tareas internacionales de vigilancia.
Meer ha atribuido el alto número de víctimas a la continuación de los conflictos y también al "intenso" uso de artefactos improvisados, razones ambas que han provocado la 'contaminación' por explosivos de amplios territorios. Al "miedo" y los riesgos asociados a estas minas se suma también su repercusión en materia económica y social, ya que terrenos que en condiciones normales serían productivos terminan siendo "inhabitables".
Además, sufrir el impacto de un explosivo puede provocar daños físicos a largo plazo y traumas. "Los supervivientes sufren estigma social y a menudo no pueden encontrar trabajo", ha denunciado Meer.
MENSAJE A FUTURO
La Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonas, también conocida como el Tratado de Ottawa, compromete a sus firmantes a eliminar este tipo de artefactos antes de 2025, pero Humanity & Inclusion reconoce que es necesario seguir avanzando para lograr los compromisos.
Entre los países que no se han unido al tratado de 1997 figuran China, Israel, Pakistán, Rusia o Estados Unidos. La ONG ha instado al actual presidente estadounidense, Joe Biden, a derogar una normativa de su predecesor, Donald Trump, que abre la puerta al desarrollo de minas y a su uso indiscriminado en operaciones de combate.