MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea Legislativa de Bolivia ha censurado este viernes al ministro de Defensa, Luis Fernando López, por no asistir por tercera vez a un acto de interpelación al que fue convocado para responder por la actuación de las fuerzas del orden en las protestas postelectorales de 2019, según ha informado la prensa boliviana.
En concreto, la cámara, que tiene mayoría de miembros del partido del expresidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), convocó a López y al ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, para que justificaran las intervenciones policiales y militares en Sacaba, en Cochabamba, y en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, donde se registraron varios muertos y heridos.
La Asamblea ha basado su decisión en un artículo de la Constitución de Bolivia, el 158, que también establece que "la censura implicará la destitución de la ministra o del ministro" censurado.
En esta línea se ha expresado previamente la presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, Eva Copa. "Si esto ocurre (la censura), la presidenta transitoria (Jeanine Áñez) tendrá que destituirlo de inmediato", ha indicado antes de la sesión. "Si no lo hace, todas las acciones de López serán nulas de pleno derecho", ha zanjado.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Por otra parte, la Asamblea Legislativa de Bolivia también ha determinado conformar una comisión para investigar "las muertes y las detenciones ilegales" que se produjeron en noviembre con "la complicidad de la Justicia" en el marco de las protestas registradas tras las elecciones del 20 de octubre.
Tras los comicios tuvieron lugar numerosas protestas en el país. En Senkata se registraron 10 muertos y más de 40 heridos después de que la Policía y el Ejército la emprendieran con los partidarios del expresidente de Bolivia Evo Morales, que se atrincheraron en las zonas aledañas a la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El Gobierno, que negó que las fuerzas del orden disparasen sus armas de reglamento, decidió ante la ola de protestas emitir un decreto que eximía a los militares que participaban en las represiones de las manifestaciones de cualquier responsabilidad penal. Finalmente, tuvieron que dar marcha atrás tras las denuncias que se produjeron tanto dentro como fuera del país.