Presenta una campaña para exigir la "libertad inmediata" de todos los defensores de DDHH encarcelados por "expresarse pacíficamente"
MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha denunciado, en un nuevo informe publicado este jueves, que las autoridades de Arabia Saudí, a pesar de sus promesas de reformas, están utilizando el Tribunal Penal Especializado "como arma para silenciar sistemáticamente a los disidentes".
Además del informe, la organización no gubernamental ha presentado una campaña para pedir la "libertad inmediata e incondicional de todas las personas defensoras de los Derechos Humanos que han sido detenidas por expresarse pacíficamente".
En el informe 'Silenciar las voces críticas: Juicios politizados ante el Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí", la ONG ha denunciado "el escalofriante alcance de los procesamientos" en este tribunal de defensores de los Derechos humanos, activistas políticos, reformistas, clérigos y profesionales de la literatura, la economía y el periodismo, incluidas personas de la minoría chií de Arabia Saudí.
AI ha denunciado que en esos procesos las personas "han sido juzgadas de manera manifiestamente injusta" y condenadas a "duras penas, incluso a muerte, en aplicación de imprecisas leyes contra el terrorismo y la ciberdelincuencia".
El informe incluye un amplio examen de la documentación del tribunal, de declaraciones del Gobierno y de leyes nacionales, así como entrevistas con activistas, profesionales legales y personas cercanas a los casos analizados.
Amnistía ha contado que en diciembre escribió a las autoridades saudíes y recibió una respuesta de la Comisión de Derechos Humanos en la que se resumían las leyes y procedimientos pertinentes, pero "no se abordaban directamente los casos planteados en el informe".
"El Gobierno saudí utiliza el Tribunal Penal Especializado para envolver en un falso halo de legalidad su uso indebido de la legislación antiterrorista para silenciar a quienes lo critican. Todas las etapas de un proceso judicial ante este tribunal están empañadas por abusos contra los Derechos Humanos, desde la privación de acceso a representación letrada hasta la detención en régimen de incomunicación y los fallos condenatorios basados únicamente en 'confesiones' obtenidas mediante tortura", ha asegurado la directora de AI para Oriente Próximo y Norte de África, Heba Morayef.
Morayef ha asegurado que la investigación de la ONG "desmiente la nueva y deslumbrante imagen reformista que Arabia Saudí pretende transmitir", "poniendo al descubierto la manera en que el Gobierno utiliza una instancia judicial como el Tribunal Penal Especializado en la despiadada represión de quienes tienen el coraje de expresar su oposición, defender los Derechos Humanos o pedir reformas significativas".
Amnistía Internacional ha hecho hincapié en que el discurso oficial del Gobierno sobre las reformas, intensificado desde el nombramiento del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, muestra "un profundo contraste con la realidad de la situación de los Derechos Humanos" en e país.
"Al tiempo que introducían un conjunto de reformas positivas en materia de derechos de la mujer, las autoridades desataron una intensa campaña de represión contra algunas de las defensoras de los Derechos Humanos más destacadas que durante años habían luchado por esas reformas, así como contra otros ciudadanos y ciudadanas que promovían el cambio", ha denunciado la organización no gubernamental.
En este sentido, ha asegurado que, desde 2011, las autoridades saudíes están usando sistemáticamente el Tribunal Penal Especializado para "enjuiciar a personas por cargos imprecisos que a menudo equiparan actividades políticas pacíficas a delitos de terrorismo".
"La ley terrorista, que contiene definiciones excesivamente generales e imprecisas de "terrorismo" y "delito terrorista", incluye disposiciones que penalizan la expresión pacífica de opiniones", ha indicado.
AI ha señalado que su informe "documenta" los casos de 95 personas, en su mayoría hombres, que han sido "procesadas, juzgadas o condenadas" por el Tribunal Penal Especializado entre 2011 y 2019. "Los juicios de al menos 11 que fueron detenidas por ejercer pacíficamente su libertad de asociación y expresión continúan abiertos, y unas 52 están cumpliendo largas penas de entre 5 y 30 años de prisión", ha explicado.
En esta misma línea, la ONG ha relatado que varios musulmanes chiíes, incluidos varios jóvenes juzgados por "delitos" que presuntamente cometieron cuando eran menores de edad, "corren peligro de ejecución inminente tras un juicio manifiestamente injusto ante el Tribunal Penal Especializado".
"Al menos 28 personas de la minoría chií del país han sido ejecutadas desde 2016, muchas de ellas tras ser condenadas a muerte por este tribunal basándose exclusivamente en "confesiones" obtenidas mediante tortura", ha denunciado la organización defensora de los Derechos Humanos.
Tras señalar que en los 95 casos que ha estudiado los juicios fueron "manifiestamente injustos", AI ha dicho que los procesados fueron declarados culpables y, "en muchos casos", condenados a muerte "por cargos imprecisos que penalizan la oposición pacífica o por cargos relacionados con actos de violencia".
"Los cargos más comúnmente utilizados en los procedimientos examinados por Amnistía Internacional incluyen "desobedecer al gobernante", "cuestionar la integridad de funcionarios y del sistema judicial", "incitar a alterar el orden público convocando manifestaciones" y "formar una organización no autorizada", todos los cuales describen actos protegidos por el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación", ha indicado.
PROCESOS SIN ACCESO A ABOGADOS DEFENSORES
En este sentido, ha señalado que "ni una sola de las personas acusadas en los juicios examinados" tuvo acceso a asistencia letrada "tras su detención ni durante todo su interrogatorio".
"Las vistas de los recursos presentados contra sentencias de este tribunal se celebran a puerta cerrada y sin la presencia o participación de las personas acusadas o sus representantes legales", ha denunciado, antes de recordar que el Tribunal Penal Especializado ha admitido en los procesos estudiados "confesiones obtenidas bajo tortura".
"Al menos 20 hombres chiíes juzgados ante él han sido condenados a muerte sobre la base de estas "confesiones", y 17 ya han sido ejecutados", ha asegurado.
Amnistía Internacional ha reclamado "la liberación inmediata e incondicional" de todos los presos "de conciencia" y que el Tribunal Penal Especializado sea sometido a "una reforma fundamental para garantizar que es capaz de celebrar juicios justos y proteger a la persona acusada frente a la detención arbitraria y a la tortura y otros malos tratos".
"Debe haber investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura u otros malos tratos bajo custodia y una reparación plena para todas las víctimas de tortura y otras violaciones de derechos humanos a manos de funcionarios del Estado o de personas que actúan en su nombre", ha afirmado.
"Para demostrar que tienen la firme intención de introducir reformas, el rey y el príncipe heredero deberían, como primer paso, poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas presas de conciencia, garantizar la anulación de sus sentencias y condenas, y declarar la suspensión oficial de todas las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte", ha subrayado la directora de AI para Oriente Próximo y Norte de África.