La ONG habla de un repunte de los ajusticiamientos por delitos de drogas, con un 75% de extranjeros entre los ejecutados en estos casos
MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha denunciado este lunes un aumento "alarmante" de las ejecuciones en Arabia Saudí durante los últimos años, especialmente por delitos relacionados con las drogas --siendo extranjeros cerca del 75 por ciento de los ejecutados en estos casos--, con más de 1.800 ajusticiados entre enero de 2014 y junio de 2025 y una cifra récord durante el año pasado.
La ONG ha señalado que en dicho periodo se confirmaron 1.816 ejecuciones, con cerca de un tercio siendo ajusticiadas por delitos relacionados con las drogas, unos hechos que no pueden castigarse con la muerte según las normas internacionales de Derechos Humanos. Asimismo, ha detallado que en 2024 se llevaron a cabo 345 ejecuciones, "una cifra sin precedentes", mientras que en el primer semestre de 2025 han sido ajusticiadas 180, por lo que podría superarse la cifra del año anterior.
De hecho, durante el mes de junio fueron ejecutadas 46 personas, incluidas 37 condenadas por delitos relacionados por las drogas, lo que supone una media de más de una persona ajusticiada por estos cargos al día. Un total de 34 de los presos ejecutados eran de Egipto, Etiopía, Jordania, Nigeria, Pakistán, Siria y Somalia.
"No sólo el uso incesante y despiadado de la pena de muerte tras juicios manifiestamente injustos en Arabia Saudí demuestra un escalofriante desprecio por la vida humana, sino que su aplicación por delitos relacionados con drogas es también una atroz violación del derecho y las normas internacionales", ha dicho la directora adjunta de Amnistía para Oriente Próximo y Norte de África, Kristine Beckerle.
"Estamos presenciando una tendencia realmente aterradora, con personas extranjeras ejecutadas a un ritmo alarmante por delitos que no deberían acarrear la pena capital. En este informe se expone la cruda y letal realidad oculta tras la imagen progresista que las autoridades intentan proyectar hacia el resto del mundo", ha agregado.
Las autoridades saudíes, que suspendieron las ejecuciones por delitos de drogas durante 33 meses, retomaron en noviembre de 2022 estos ajusticiamientos, con más de 260 personas ejecutadas por este motivo desde entonces, una cifra que se aproxima a la mitad del número total de ejecuciones por delitos de drogas registrado en el periodo de diez años examinado por Amnistía Internacional.
Asimismo, entre las 345 ejecuciones en 2024 --el máximo documentado por la ONG desde el inicio de la documentación de estas penas en Arabia Saudí en 1990-- hubo un 35 por ciento de ajusticiados por delitos relacionados con las drogas, unos cargos por los que únicamente cuatro países llevaron a cabo ejecuciones el año pasado.
PROBLEMAS ADICIONALES PARA LOS EXTRANJEROS
El informe pone además de relieve el "alarmante ritmo" al que están siendo ejecutados extranjeros por estos delitos. Durante la última década han sido ajusticiadas en Arabia Saudí 155 paquistaníes, 66 sirios, 50 jordanos, 39 yemeníes, 33 egipcios, 32 nigerianos, 22 somalíes y trece etíopes, mientras que decenas más siguen en riesgo de ejecución.
Amnistía ha señalado que los extranjeros hacen frente a obstáculos adicionales para "obtener un juicio justo". En este contexto, el familiar de un reo relató que "no pueden acceder a documentación legal porque no hay nadie en el país que apoye en la causa". "Además está la barrera del idioma. Mi hermano fue arrestado a la semana de dejar Etiopía, cuando cruzaba la frontera con Yemen. No tenía ni idea de lo que le esperaba en la frontera saudí", ha dicho.
La ONG, en colaboración con organizaciones asociadas como European Saudi Organization for Human Rights y Justice Project Pakistan, ha documentado los casos de 25 extranjeros a la espera de ejecución o ya ejecutadas y ha señalado que el estudio de sus casos permite concluir que su procedencia hacía más probable "su explotación durante su migración y dificultaba su acceso a representación letrada en Arabia Saudí".
De esta forma, al menos cuatro de los casos documentados afectan a personas que denunciaron haber sufrido torturas o malos tratos bajo custodia para sonsacarles "confesiones", unas declaraciones que fueron pese a ello usadas como válidas por los tribunales a la hora de emitir sentencias de culpabilidad.
Amnistía Internacional ha denunciado por ello el daño psicológico causado a condenados y sus familiares, dado que muchos desconocían la situación de sus recursos y la posible fecha de su ejecución, con casos en los que no fueron informados hasta el día de antes por parte de las autoridades, mientras que las familias se enteraron de los ajusticiamiento a través de otros detenidos o por la prensa.
A ello se suma que en todos los casos documentados los cadáveres fueron retenidos por las autoridades, sin que las familias hayan podido enterrarlos. "Fue desolador, sobre todo al no tener el cadáver para llorarlo. Ni un funeral. En Ammán, mi familia estaba sentada en silencio en el salón cuando supo la noticia y todos empezaron a gritar como locos. Esa escena me partió el corazón", dijo Zainab Abú al Jeir, hermana de Hussein, ejecutado en Arabia Saudí en marzo de 2023.
EJECUCIONES DE MIEMBROS DE LA MINORÍA CHIÍ
La ONG ha resaltado que su estudio revela también un uso "alarmante" de la pena capital por delitos de "terrorismo" contra miembros de la minoría chií, que representa entre el diez y el doce por ciento de la población y el 42 por ciento de los ajusticiados por estos delitos entre enero de 2014 y junio de 2025.
"Este dato refleja la represión política de un grupo que sufre discriminación desde hace mucho tiempo, con frecuentes procesamientos por 'terrorismo' por ejercer la disidencia pacífica", ha señalado la organización, que ha esgrimido que siete menores, algunos de los cuales tenían doce años en el momento del delito, siguen en riesgo de ejecución.
Así, ha recalcado que esta situación sigue teniendo lugar a pesar de las recientes reformas jurídicas para limitar el uso de la pena capital en los casos de personas que fueran menores de 18 años en el momento de la comisión del delito, antes de apuntar que cuatro de los siete menores fueron sometidos a un nuevo juicio y de nuevo condenados a muerte pese a ello.
"La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante, y no debe usarse en ninguna circunstancia", ha señalado Beckerle. "Además de declarar inmediatamente una suspensión de las ejecuciones, y hasta que se alcance la abolición total de la pena de muerte, las autoridades saudíes deben reformar la legislación nacional para eliminar dicha pena y conmutar todas las condenas de muerte", ha añadido.
Por último, ha hecho hincapié en que "los aliados de Arabia Saudí en la comunidad internacional deben presionar urgentemente a las autoridades saudíes para detener esta oleada de ejecuciones y hacer que respeten sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos".