La Audiencia Nacional de España envía a prisión al exministro venezolano Alvarado Ochoa, reclamado por EEUU

Detenido el exministro venezolano Javier Alvarado Ochoa en el marco de la causa por supuestos sobornos de Duro Felguera
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Publicado 10/05/2019 18:31:26CET

   MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

   El titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en funciones de guardia, ha ordenado este viernes prisión provisional para el ex ministro venezolano de Desarrollo Energético Javier Alvarado Ochoa, detenido el jueves por agentes de la Policía Nacional en virtud de una orden internacional dictada por Estados Unidos que le reclama por delitos de corrupción relacionados con la petrolera estatal PDVSA.

   Según la orden internacional de detención a la que ha tenido acceso Europa Press, Estados Unidos le reclama para juzgarle en un tribunal de Texas, donde el pasado 24 de abril se presentó acusación formal contra él por diversos delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el blanqueo. Tras la detención, el país tiene 40 días para tramitar la extradición y enviar la necesaria información complementaria.

   Ya en el propio documento las autoridades estadounidenses solicitaban que una vez detenido se le enviase a prisión, por presentar "un riesgo importante de fuga" ya que "tiene medios sustanciales y recursos para huir si así lo deseara", como una "extensa red de contactos extranjeros" en países como Venezuela, Portugal, Suiza y Andorra, a fin de eludir el procedimiento de extradición una vez conozca que está en marcha.

   Además de alto cargo público, Alvarado fue presidente de la empresa Bariven, una filial propiedad de PDVSA y según la acusación formulada por Estados Unidos a la que ha tenido acceso Europa Press, en 2011 "se involucró en una conspiración con un grupo de directivos de alto nivel actuales y anteriores" de la petrolera y sus subsidiarias que solicitaron a varios proveedores, incluidos algunos con sede en EEUU, "sobornos y coimas a cambio de brindarles asistencia en sus negocios" con Petróleos de Venezuela.

   Se trata de la misma red por la que fueron declarados culpables en Estados Unidos Roberto Rincón y Abraham Shiera en relación al pago de sobornos y por la que aquel país solicitó, aunque sin éxito, la extradición del exministro venezolano de Energía Nervis Villalobos, a quien la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió no extraditar para evitar dilaciones en otra causa que se instruye contra él en España.

CINCO MILLONES DE DÓLARES EN TRANSFERENCIAS

   Todos ellos serían intermediarios y proveedores tras los que estaría Alvarado, según la acusación estadounidense, que transcribe a modo de ejemplo algunas conversaciones para dejar ver que él "revisaba y aprobaba" distintas operaciones de movimientos de fondos que tendrían como destino el pago de los sobornos previstos.

   Después, "blanquearon las ganancias del plan de soborno a través de una serie de transacciones financieras complejas", siempre según la acusación. Sostiene que "Alvarado y sus cómplices solicitaron asistencia para abrir cuentas bancarias de banqueros suizos y portugueses para canalizar los sobornos desde, hacia y a través de múltiples destinos antes de llegar a su destinatario final".

   "Los pagos de los sobornos se enviaron a varios destinatarios distintos de los directivos de PDVSA previstos, incluidas empresas, intermediarios, familiares, amigos, acreedores y asociados personales cercanos de los directivos de PDVSA así como a empresa controladas por Alvarado con el propósito de ocultar y disfrazar la naturaleza, la fuente y propiedad de los pagos", dice el escrito de la orden internacional de detención. En total, constan movimientos por cerca de cinco millones de dólares.

   Con todo, Alvarado también tiene una causa pendiente en España, en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, en el que el juez Ismael Moreno les investiga a él y a Villalobos, entre otros altos cargos de Venezuela en relación a la empresa de ingeniería Duro Felguera y a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que en 2015 detectó "indicios de criminalidad" por pagos en una cuenta del ya extinto Banco Madrid, del que eran clientes políticos sobornados.

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