MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Australia anuncia que ni los políticos ni los jueces estarán exentos de la Ley de Discriminación Sexual como hasta hora, tras las polémicas que han sacudido las últimas semanas a la Administración que han provocado el descontento entre la población.
El primer ministro australiano, Scott Morrison, ha explicado que su Gobierno reformará las leyes de discriminación sexual del país para hacer responsables a los miembros del Parlamento, jueces y funcionarios públicos por acoso en el lugar de trabajo.
En este sentido, la procuradora general del Estado, Michaelia Cash, ha informado que se introducirán cambios legislativos en el Parlamento este año, entre los que destacarán que el acoso sexual debe incluirse como motivo o razón válida para el despido.
Asimismo, está contemplado que se amplíe el plazo válido para denunciar un caso de acoso sexual en el trabajo de los seis meses a los dos años.
Los cambios, no obstante, se producen más de un año después de que la Administración australiana recibiera un informe de la comisionada de discriminación sexual, Kate Jenkin, en el que se detallaban conclusiones como que una de cada tres personas que habían trabajado en los cinco años anteriores había sido acosada sexualmente.
"Se trata de poner a todos en el mayor campo de juego posible", ha asegurado Morrison a los periodistas en Canberra, para destacar que la prevención debe ser el objetivo para hacer frente al acoso sexual en el trabajo y que se trata de un "cambio cultural en toda la sociedad", informa la cadena de televisión australiana ABC.
El Gobierno de Morrison ha enfrentado en las últimas semanas la presión por no haber reaccionado antes al informe, unas reclamaciones que se han visto alimentadas por la acusación de la exmiembro del Partido Liberal --la formación de Morrison-- Brittany Higgins de que fue violada en una la oficina de un ministerio en 2019.
Pero no solo ha sido este el escándalo que ha indignado a la sociedad australiana recientemente, ya que un ministro de alto rango se vio obligado a negar haber violado a una joven de 16 años cuando ambos eran estudiantes en la década de 1980, entre otros casos que han puesto de manifiesto una cierta pasividad de las autoridades respecto al asunto.
Las críticas no se hicieron esperar denunciado la reticencia inicial del Gobierno a actuar ante estos casos.