MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Australia han acordado el pago de 2.500 millones de dólares australianos (unos 1.400 millones de euros) al Gobierno de Nauru para deportar a aquellos migrantes que hayan cometido delitos en suelo australiano y no puedan ser enviados de vuelta a sus países de origen, un plan que podría alargarse durante tres décadas.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha propuesto así enviar a estos migrantes a la isla del Pacífico para evitar que permanezcan en centros de detención del país, por lo que ya se han dispuesto los preparativos para el primer traslado, según informaciones recogidas por la cadena de televisión australiana ABC.
Aunque la medida tiene aún que recibir el visto bueno definitivo del Parlamento, Albanese ya informó el viernes de la firma de un acuerdo similar con Nauru para el envío de aquellos migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido denegadas debido a sus antecedentes penales.
No obstante, esta decisión ha suscitado numerosas críticas por parte de grupos defensores de los Derechos Humanos y ha provocado comparaciones con las duras políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.
Ahora, esta medida reduciría la equidad procesal a la hora de deportar a extranjeros a terceros países y está diseñada para limitar las apelaciones ante la Justicia australiana, tal y como ha explicado el propio Gobierno, para el que la votación en el Parlamento será tan solo un trámite dado que cuenta con el apoyo de la mayoría de diputados para sacar el proyecto adelante.
Los fondos destinados al Gobierno de Nauru podrían reducirse abruptamente en caso de que el país se negara a aceptar la entrada de la cifra de migrantes acordada inicialmente. La isla ya obtuvo dos tercios de sus ingresos anuales de 2024 gracias a este tipo de acuerdos migratorios con Canberra.
Australia lleva décadas introduciendo duras leyes migratorias y enviando a los solicitantes de asilo que llegan en embarcaciones a centros de detención situados lejos de su territorio, en un intento por reducir el tráfico de personas y la llegada de migrantes, una práctica que ha sido criticada incluso por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Por su parte, organizaciones como el Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo de Australia ha alertado de que Nauru tiene previsto emitir 280 visados a migrantes deportados desde Australia y ha denunciado que la legislación socava el derecho a un "proceso justo de deportación" ante el sistema judicial australiano.
"Aquellos casos en los que los migrantes hayan recurrido la negativa del Gobierno a ofrecerles un visado serán directamente sobreseídos bajo esta nueva normativa", ha denunciado. Jana Favero, subdirectora de la organización, ha apuntado a que esta nueva medida podría provocar unas 80.000 deportaciones.
"Esto son miles de vidas en peligro y no el número insignificante que supuestamente el Gobierno australiano tiene en mente", ha aclarado.