Las enmiendas constitucionales eliminaron a los candidatos opositores y modificaron el calendario electoral
MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
Benín celebra este domingo unas elecciones presidenciales en las que Patrice Talon buscará la reelección en medio de una nueva oleada de protestas contra él, que se han saldado por el momento con un muerto, tras las denuncias de la oposición sobre la finalización de su mandato el 6 de abril.
Las movilizaciones arrancaron precisamente el 6 de abril para denunciar un intento de Talon de prorrogar su permanencia en el cargo a través de una serie de modificaciones constitucionales y del calendario electoral que provocarán que el próximo presidente jure el cargo la última semana de mayo, un mes y medio más tarde de lo previsto.
La oposición recuerda que Talon juró su cargo el 6 de abril de 2016 y argumenta que debió haber finalizado su mandato este mismo día cinco años más tarde, motivo por el que ha convocado una serie de protestas que han derivado en disturbios de diversa gravedad en la capital, Porto Novo, y otras ciudades del país, entre ellas Cotonou.
Las autoridades beninesas han sostenido sin embargo que las enmiendas constitucionales de 2019, que buscaban igualar los mandatos de presidente, parlamentarios y alcaldes, provocaron un aplazamiento electoral en el marco de la legalidad y han rechazado los llamamientos opositores, que se han amalgamado bajo el lema 'Cinco años son cinco años, ni un día más'.
Asimismo, la oposición ha denunciado que dichas enmiendas introdujeron además una serie de medidas destinadas a coartar a la oposición e impedir que presente candidatos, entre ellas la exigencia del respaldo del diez por ciento de los parlamentarios y alcaldes a una candidatura, en un contexto en el que el partido gubernamental cuenta con una mayoría casi absoluta.
Esta situación deriva de las legislativas de 2019, en la que el partido de Talon y sus aliados ganaron sin oposición y con sólo un 25 por ciento de la participación, tras la exclusión de numerosos opositores, muchos de los cuales se encuentran en el exilio. La situación se repitió en las locales de 2020, marcadas por las denuncias contra el presidente por su deriva autoritaria.
De hecho, de los cerca de 160 diputados y alcaldes del país sólo hay seis que pertenezcan a la oposición, lo que ha provocado que los opositores hayan visto sus candidaturas rechazadas, dejando a Talon frente a dos candidatos casi desconocidos para el público general: Corentin Kohoué y Alassane Soumanou.
El sistema excluye a grupos tan potentes como la Unión Social Liberal de Sébastien Ajavon, que no tiene existencia legal, a lo que se suma que las apelaciones presentadas por los cerca de 20 candidatos opositores al Tribunal Constitucional --encabezado por el exabogado de Talon, Joseph Djogbénou-- han sido rechazadas, lo que ha tensado los ánimos.
Joel Ahivo, del Frente para la Restauración de la Democracia (FRD), ha lamentado que la oposición ha cumplido todos los requisitos, a excepción de la presentación de suficientes adhesiones, imposible en este contexto, según ha informado la cadena de televisión británica BBC.
CONDENAS CONTRA OPOSITORES
Por otra parte, los tribunales del país han emitido condenas contra diversos opositores, entre ellos Sébastien Ajavon, quien se encuentra en el exilio, y Lehady Soglo, un antiguo alcalde de Cotonou sentenciado por abuso de sus funciones. A ellos se suma la líder del principal partido opositor, Reckya Madougou, encarcelada en marzo tras ser acusada de intentar "desestabilizar el país" y de haber trazado planes para "asesinar a figuras políticas".
Madougou, líder de Los Demócratas y la primera mujer en presentarse como candidata a la Presidencia beninesa, es sospechosa de "querer atentar contra la tranquilidad pública, planear actos de violencia y planificar asesinatos", según desveló el portavoz del Ejecutivo, Alain Orounla, tras su detención.
Ante todas estas denuncias, el portavoz de la Presidencia, Wilfried Léandre Houngbedji, ha acusado a la oposición de ser "vendedores de odio", mientras que el ministro de Justicia, Séverin Quenum, ha subrayado que "no es ni más ni menos que una manipulación política", según ha informado la revista 'Jeune Afrique'.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la observación electoral han hecho un llamamiento a la calma y han pedido a las partes y a líderes religiosos que intercedan para reducir la violencia y evitar que la crisis se salga de control.
"La plataforma electoral sigue pensando que los llamamientos inmediatos por parte de actores políticos en conflicto pueden aún contribuir a calmar la situación en las localidades afectadas", han señalado estas organizaciones en un comunicado, tal y como ha recogido el diario beninés 'La Nouvelle Tribune'.
Talon se presenta además a las urnas violando su promesa electoral de 2016, cuando aseguró que estaría únicamente un mandato al frente del país dado que podría lograr resultados "milagrosos" en la reducción de la pobreza y el resurgimiento económico durante esos cinco años.
DETERIORO DEMOCRÁTICO
El deterioro de la democracia beninesa ha sido objeto de críticas por parte del Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos (TADHP), que a finales de 2020 acusó a las autoridades de diversas violaciones de los Derechos Humanos en lo relativo a la participación política, la imparcialidad de los organismos electorales y la independencia de la Justicia.
El tribunal afirmó además que Benín era además responsable de muertes y torturas durante la represión de las protestas desencadenadas tras las legislativas de 2019, si bien el Gobierno afirmó inmediatamente después que ignoraría los fallos y posteriormente se retiró del protocolo que dio a luz al TADHP.
A las críticas se ha sumado la organización no gubernamental Amnistía Internacional, que en su último informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo ha resaltado que en Benín "se restringió indebidamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y se enjuició injustamente, hostigó e intimidó a periodistas y profesionales de la salud" durante el último año.
"La Policía usó fuerza excesiva para controlar las manifestaciones y para hacer cumplir las restricciones de salud pública. Persistió la discriminación de mujeres y minorías, y las personas LGBTI sufrieron hostigamiento y violencia", ha manifestado la ONG, que ha agregado que las tensiones entre el Gobierno y la oposición "persisten tras las controvertidas elecciones parlamentarias de 2019".
En esta línea, ha subrayado que las autoridades han respondido a la pandemia de coronavirus "estableciendo ciertas restricciones de los Derechos Humanos" y ha añadido que, además, han seguido "deteniendo y enjuiciando a periodistas en virtud de ciertas disposiciones del Código del Sector Digital de 2018, que restringían indebidamente el derecho a la libertad de expresión".
La situación ha puesto en peligro la imagen de Benín como un estandarte de la democracia en el país africano --llegando a ser el primero en el que un dictador cedió el poder tras un proceso electoral--, que durante cerca de tres décadas contó con una gran tranquilidad y paz social, convirtiéndose en un modelo en África occidental.