Actualizado 02/11/2011 21:57

Bielorrusia.- Un activista opositor se enfrenta a un juicio por evasión fiscal


MINSK, 2 Nov. (Reuters/EP) -

El líder opositor bielorruso Ales Belyatsky, jefe de la organización de defensa de Derechos Humanos Vesna-96, se ha enfrentado este miércoles a la primera sesión de su juicio por evasión fiscal en un caso en el que existen motivaciones políticas, según varias organizaciones.

El caso de Belyatsky se construyó gracias a las pruebas aportadas por Polonia y Lituania que dieron información sobre las cuentas bancarias del acusado tras una petición de las autoridades bielorrusas. Polonia pidió perdón en agosto y en Lituania hubo multitud de críticas de las asociaciones civiles.

Vesna-96 asegura que el juicio contra su líder es parte de una campaña del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, contra los opositores al régimen. Belyatsky se podría enfrentar a una pena de siete años de cárcel si no acredita la legalidad de "grandes ingresos".

La organización que preside el detenido explicó que el dinero que estaba en las cuentas polacas y lituanas pertenece a la entidad y que servía para respaldar las actividades en defensa de los Derechos Humanos en el país y apoyar a los prisioneros políticos y a sus familias.

Bielorrusia impuso fuertes restricciones en la financiación de las ONG en el país con el impedimento de recibir dinero del exterior, tras las elecciones presidenciales de diciembre en las que Lukashenko salió reelegido. Los comicios fueron calificados de fraudulentos por la oposición y los observadores internacionales.

Oleg Gulak, del Comité de Helsinki, una ONG que defiende los Derechos Humanos, aseguró que se trata de un "juicio político, un castigo contra por las actividades en favor de los Derechos Humanos". "Belyatsky, bajo las condiciones en Bielorrusia, no tenía otra opción. Ha tenido que recurrir a mantener el dinero para sus actividades en cuentas personales en el exterior", añadió.

La Unión Europea y Estados Unidos impusieron fuertes restricciones a que las autoridades bielorrusas pudieran viajar a su territorio junto con otro tipo de sanciones, principalmente de carácter monetario, tras las elecciones de 2010.