"Mata a todo lo que veas y oigas", ha contado uno de los soldados que le dijo su superior al mando
MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
Dos soldados birmanos que participaron en las labores de "limpieza" llevadas a cabo por el Ejército del país contra la minoría rohingya en el estado de Rajine han desertado recientemente y se encuentran actualmente bajo custodia del Tribunal Penal Internacional (TPI) tras haber confesado que ellos mismos participaron en las matanzas y que recibieron órdenes de "matar a todos".
La noticia de la llegada a La Haya de los dos desertores la han confirmado tanto el 'New York Times' como la cadena canadiense CBC. Desde Fortify Rights, una ONG que defiende los derechos de los rohingyas, han reclamado que ambos sean procesados rápidamente por el TPI y que el tribunal les facilite protección de testigos.
"Se trata de un momento monumental para los rohingya y el pueblo de Birmania en su continuada lucha por la justicia", ha sostenido en un comunicado su director, Matthew Smith. "Estos hombres podrían ser los primeros perpetradores de Birmania juzgados en el TPI y los primeros testigos directos en custodia del tribunal", ha destacado.
Los soldados han sido identificados como Myo Win Tun, de 33 años, y Zaw Naing Tun, de 30. El primero de ellos estuvo en el Ejército entre abril de 2016 y mayo de este año, cuando desertó en Rajine, mientras que el segundo fue enrolado a la fuerza en este mismo estado en marzo de 2016 y desertó en junio de este año.
El Ejército de Arakán, un grupo armado que defiende a la etnia mayoritaria en Rajine y actualmente está enfrentado con el Ejército birmano, grabó sendos vídeos de confesión de los dos desertores durante el mes de julio. Ambos, según Fortify Rights, llegaron a mediados de agosto a la frontera con Bangladesh, pidiendo protección a las autoridades del país vecino. Como país parte del Estatuto de Roma, Bangladesh notificó al TPI de su presencia.
CONFESIONES CREÍBLES
Las confesiones realizadas por ambos "parecen creíbles", según la ONG, que lleva años documentando y recabando testimonios de las violaciones contra los Derechos Humanos de las que han sido víctimas los rohingyas. En sus relatos, ambos afirman por separado que actuaron siguiendo las órdenes de sus comandantes, quienes les instruyeron que debían "exterminar a todos" los rohingyas y les conminaron a "disparar a todo lo que veas y escuches".
Fortify Rights resalta que ambos actuaron en dos localidades separadas, de forma simultánea, siguiendo las órdenes de distintos comandantes, lo que podría indicar una coherencia operativa entre batallones, coordinación e incluso "la intención de cometer genocidio".
Solo en base a estas confesiones, según la ONG, los dos antiguos militares podrían ser directamente responsables de matar a hasta 180 civiles rohingyas. Además, ofrecen los nombres y rango de 19 autores directos de las acciones dentro del Ejército birmano, incluidos ellos mismos, así como de seis altos comandantes, que aseguran fueron quienes ordenaron o contribuyeron a los crímenes que se cometieron. Entre estos oficiales figuran un teniente coronel, un coronel y tres capitanes.
INVESTIGACIÓN DEL TPI
En septiembre de 2018, la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, recibió autorización para iniciar una investigación por crímenes contra la Humanidad en Rajine, en particular la deportación forzosa de 740.000 rohingyas a Bangladesh, los cuales huyeron de la ola de represión lanzada por el Ejército birmano en respuesta a una ola de ataques por separatistas de este grupo étnico.
La decisión se tomó después de que los magistrados del TPI confirmaran que el tribunal tiene jurisdicción, ya que el delito de deportación se completó en un Estado parte del Estatuto de Roma, Bangladesh, pese a que Birmania no sea firmante del mismo. El que Birmania no sea parte del TPI obliga a que, para iniciar un proceso sobre la situación de los rohingyas, tenga que ser el Consejo de Seguridad de la ONU el que remita el caso, algo que hasta ahora no ha ocurrido.
La comisión de investigación de la ONU llegó a la conclusión de que el Ejército birmano tuvo una "intención genocida" en su respuesta. "La necesidad militar nunca justificaría los asesinatos indiscriminados, la violación grupal de mujeres, la agresión a niños y la quema de localidades enteras", sostuvieron los investigadores de la misión creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.