MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido este lunes sanciones contra 16 individuos y el Consejo Administrativo Estatal de Birmania, relacionados con el aparato militar responsable del golpe de Estado del 1 de febrero en el país asiático.
De los individuos sancionados, 13 son miembros "clave" del régimen militar birmano, que, según ha recordado el Tesoro en un comunicado, "reprime violentamente" el movimiento prodemocrático en el país y es responsable de los ataques "letales" contra la ciudadanía birmana, niños incluido. Los otros tres son hijos adultos de militares birmanos previamente sancionados.
En cuanto al Consejo Administrativo Estatal, que es el nombre oficial del Gobierno militar birmano, las sanciones estadounidenses implican el reconocimiento del mismo como una "subdivisión política" o "agencia" del Gobierno de Birmania. Se formó un día después del golpe de Estado y está compuesto en su mayor parte por oficiales militares.
"El régimen birmano continúa llevando a cabo abusos contra los Derechos Humanos y oprimiendo a la ciudadanía de Birmania", ha señalado la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), Andrea Gacki, que ha sostenido que las sanciones muestran el compromiso de Estados Unidos de trabajar con sus socios internacionales para "presionar" a la junta militar y promover la rendición de cuentas de los responsables por el golpe y la violencia.
Como resultado de la acción estadounidense, todas las transacciones realizadas por estadounidenses que involucren cualquier propiedad o intereses en la propiedad de los sancionados quedan prohibidas. La prohibición incluye la realización de cualquier contribución, bienes o servicios por o para beneficio de cualquier persona sancionada.
Estados Unidos ya ha sancionado a varios militares birmanos, incluido al comandante del Ejército de Birmania, el general Min Aung Hlaing, que lideró el golpe de Estado en el país asiático.
El Ejército de Birmania asumió el poder el 1 de febrero y declaró el estado de emergencia durante un año tras detener a los principales dirigentes del país. El golpe llegó tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre, en las que tanto la oposición como el Ejército han denunciado posibles irregularidades, aunque sin presentar pruebas. Las manifestaciones se han sucedido hasta el momento en contra de la junta militar.