El país africano solicita medidas cautelares para evitar que se sigan cometiendo actos genocidas
MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
Gambia, un pequeño país de África Occidental, ha llevado a Birmania ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el presunto genocidio que el país asiático ha venido llevando a cabo contra la minoría musulmana rohingya, en un gesto sorprendente que podría aumentar la presión sobre el Gobierno de Aung San Suu Kyi.
De hecho, será la Nobel de la Paz la que represente los intereses de Birmania durante la vista de tres días que arranca este martes en La Haya, donde tiene su sede la CIJ, el tribunal encargado de dirimir las disputas entre estados.
Suu Kyi, otrora considerada como un símbolo de la lucha por la democracia y los Derechos Humanos, ha sido duramente criticada por la campaña de sangrienta represión con que el Ejército birmano respondió en el verano de 2017 a una serie de ataques de milicianos rohingyas en el estado de Rajine. Como resultado de la misma, más de 700.000 de ellos se refugiaron en el vecino Bangladesh.
La comisión de investigación de la ONU llegó a la conclusión un año después de que el Ejército birmano tuvo una "intención genocida" en su respuesta. "La necesidad militar nunca justificaría los asesinatos indiscriminados, la violación grupal de mujeres, la agresión a niños y la quema de localidades enteras", sostuvieron los investigadores de la misión creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Así las cosas, y ante la ausencia de rendición de cuentas a nivel interno en el país, Gambia, con su ministro de Justicia, Aboubacarr Tambadou, a la cabeza, presentó el pasado noviembre un recurso ante la CIJ denunciando a Birmania por incumplir la Convención sobre Genocidio que prohíbe esta práctica y de la que el país asiático es parte desde 1956.
Esta es la primera vez que un país denuncia a otro sin una relación directa con los presuntos crímenes sustentándose en la Convención sobre el Genocidio. El paso, resultado de la implicación personal de Tambadou tras visitar los campos de refugiados rohingya en Cox's Bazar y su experiencia trabajando en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) por el genocidio en el país africano, cuenta con el respaldo de 57 estados miembro de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).
GAMBIA PIDE MEDIDAS CAUTELARES
Dado que el caso podría prolongarse durante años, Gambia ha solicitado a la CIJ que adopte medidas cautelares con "urgencia extrema" con el fin de "proteger los derechos de los rohingyas" e impedir que "se agraven o amplíe la disputa" hasta que haya un veredicto. Son precisamente estas medidas provisionales las que se discutirán esta semana.
Dichas medidas, entre las que Gambia plantea que Birmania actúe para prevenir actos genocidas y que el Ejército no los siga cometiendo, son legalmente vinculantes para las partes, resalta Human Rights Watch (HRW). Además, Gambia ha solicitado que las partes presenten un informe sobre el cumplimiento de las eventuales disposiciones en el plazo de cuatro meses.
Los quince jueces que integran la CIJ deberían pronunciarse en el plazo de unas semanas sobre las medidas cautelares, mientras que el caso propiamente dicho por genocidio comenzaría a lo largo de 2020.
Demostrar que se ha cometido genocidio no es fácil y hasta el momento solo se han reconocido tres casos desde la Segunda Guerra Mundial: el perpetrado por los Jemeres Rojos en Camboya a finales de los años 1970; el de casi un millón de hutus y tutsis moderados en Ruanda en 1994; y el de los 8.000 hombres y niños musulmanes asesinados en Srebrenica, en Bosnia, en 1995. Precisamente, la CIJ ya falló en 2017 sobre este último caso, dictaminando que Serbia no cumplió con su obligación de impedir el genocidio.
AUMENTAR LA PRESIÓN SOBRE BIRMANIA
En caso de que la CIJ decrete medidas cautelares, ello podría aumentar la presión sobre Birmania desde otros organismos. Así, explica HRW en un artículo sobre la vista de esta semana, las medidas provisionales son enviadas de forma automática por la CIJ al Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual podría empujarle a emprender acciones concretas contra Birmania.
Entre los pasos que el máximo órgano de la ONU podría dar, según la ONG, podría estar una resolución que obligara a Birmania a levantar las restricciones a la libertad de movimiento de los rohingyas, suprimir las restricciones innecesarias al acceso humanitario al estado de Rajine y prohibir las prácticas que impiden a los miembros de esta minoría acceder a educación, atención sanitaria y medios de vida. Hasta ahora, el apoyo de China al Gobierno birmano ha impedido ninguna acción de este tipo.
En cuanto al impacto que la decisión de la CIJ sobre las medidas cautelares pueda tener sobre los cientos de miles de rohingyas desplazados y refugiados, entre lo planteado por Gambia figura el pago de reparaciones a las víctimas por los actos genocidas, incluido "permitir su retorno seguro y digno" al país y "respetar su plena ciudadanía y Derechos Humanos", además de "protegerles contra la discriminación y la persecución".
El Artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas, recuerda HRW, estipula que todos los estados miembro deben acatar las decisiones de la CIJ en los casos en los que son parte, por lo que producirse un incumplimiento de las mismas el Consejo de Seguridad podría adoptar medidas para obligar a que se cumpla el fallo.
EL TPI TAMBIÉN ESTÁ INVESTIGANDO
Independientemente de lo que ocurra en la CIJ, el resto de vías penales y judiciales no se agotan. Así, la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda --que se da la circunstancia de que también es gambiana--, recibió autorización para iniciar una investigación por crímenes contra la Humanidad, en particular la deportación forzosa de 740.000 rohingyas a Bangladesh.
La decisión se tomó después de que los magistrados del TPI confirmaran que el tribunal tiene jurisdicción, ya que el delito de deportación se completó en un estado parte del Estatuto de Roma, Bangladesh, pese a que Birmania no sea firmante del mismo. El que Birmania no sea parte del TPI obliga a que para iniciar un proceso sobre la situación de los rohingyas tenga que ser el Consejo de Seguridad de la ONU el que remita el caso, algo que hasta ahora no ha ocurrido.
Por otra parte, y casi al mismo tiempo que Gambia presentaba su denuncia en la CIJ, un grupo de organizaciones de Derechos Humanos rohingyas y latinoamericanas presentaron una denuncia penal en Argentina contra los principales oficiales del Ejército birmano por los crímenes cometidos en Rajine el base al principio de justicia universal.