MADRID, 21 Feb. (DPA/EP) -
La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2020 ha recurrido la validez de la denuncia por genocidio presentada por Gambia, un país de mayoría musulmana, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la persecución contra la minoría musulmana rohingya.
El Gobierno birmano alega que Gambia no es parte implicada y por tanto no sería un actor válido para presentar la demanda. Desde el país africano argumentan que han planteado la denuncia en nombre de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), que no tiene personalidad jurídica propia ante la CIJ, tribunal de la ONU encargado de dirimir contenciosos entre estados.
La CIJ ha anunciado la convocatoria de audiencias públicas previas a la decisión de si admite a trámite el caso en las que se abordarán las objeciones preliminares planteadas por Birmania.
Hace casi dos años, la CIJ ya falló a favor de los demandantes y ordenó a Birmania adoptar medidas cautelares para proteger a los rohingyas pese a que la entonces líder del país, la Nobel de la Paz Aung Sang Suu Kyi, negó ante el tribunal las acusaciones de genocidio.
Ahora Suu Kyi está detenida como consecuencia del golpe de Estado. El gobierno militar no está reconocido a nivel internacional, pero el presidente de la CIJ, Joan Donoghue, ha dictaminado que son los estados y no los gobiernos las partes implicadas en los casos.
Tanto Gambia como Birmania son firmantes de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948, que además de prohibir a los estados cometer genocidio pide a todos los firmantes que eviten y castiguen este crimen.
Los rohingyas son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en Rajine. Birmania les considera descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh y no les reconoce como ciudadanos, privándoles con ello de derechos básicos.
La persecución que, según denuncian, sufren en Birmania les ha empujado tradicionalmente a Bangladesh, donde hay más de un millón de rohingyas. En agosto de 2017, el Gobierno birmano lanzó una campaña militar en respuesta a ataques de insurgentes rohingyas que llevó a la ONU a advertir sobre una posible "limpieza étnica".
Por otra parte, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha recibido autorización para iniciar una investigación por crímenes contra la Humanidad, en particular la deportación forzosa de 740.000 rohingyas a Bangladesh.