MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un grupo expertos en derechos humanos de la ONU han puesto de manifiesto este jueves las denuncias de desalojos forzosos, detenciones arbitrarias y asesinatos de manifestantes en Birmania, mientras que han instado a los estados a considerar la aplicación del principio de jurisdicción universal para procesar a los responsables de actos que puedan constituir crímenes contra la humanidad.
El comunicado lo han firmado el relator especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, Balakrishnan Rajagopal, el de el derecho de reunión y asociación pacíficas, Clement Nyaletsossi Voule, la relatora sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, y miembros del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria.
Según las cifras de Naciones Unidas, desde el pasado viernes al menos 121 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2.400 personas han sido detenidas, mientras que se desconoce el paradero de cientos de ellas desde el inicio de las protestas contra el golpe de Estado del 1 de febrero.
Los expertos han denunciado en este marco de manifestaciones una redada policial y militar que duró varias horas la semana pasada en el barrio de Mingalar Taung Nyunt de Rangún, un complejo que alberga a unos 960 empleados de los Ferrocarriles de Birmania y sus familias.
Muchos de los empleados de los ferrocarriles y sus familias fueron desalojados por la fuerza a punta de pistola como castigo por su participación en una huelga general de ámbito nacional.
En este sentido, "los desalojos forzosos constituyen una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos humanos", por lo que deben "cesar de inmediato" y permitir a los afectados regresar a sus hogares y propiedades, así como "llevar a los responsables ante la justicia".
También se ha informado de desalojos forzosos en otras partes del país, como en el estado de Chin, Sagaing y Shan.
Por otro lado, los expertos también han lamentado "la persecución e intimidación de los manifestantes prodemocráticos, incluidas presuntas detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias y asesinatos de manifestantes", mientras han denunciado el uso de balas reales de forma aleatoria contra domicilios particulares.
"La respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas es cada vez más violenta", han agregado, por lo que se muestran "muy preocupados" ante "el uso excesivo y mortal de la fuerza y la imposición de la ley marcial" en algunas partes de Birmania y llaman a las fuerzas de seguridad a cesar "toda violencia contra las protestas pacíficas y respeten su derecho a la protesta pacífica".
De hecho, estos incidentes "forman parte de un inquietante patrón emergente de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil de Birmania, y los responsables deben ser considerados penalmente responsables en virtud del derecho internacional".
Por eso, los estados "pueden investigar y procesar a cualquier comandante o autor responsable de estos actos, incluso en virtud del principio de jurisdicción universal".