Andrews reclama "una presión económica coordinada y un embargo de armas más fuerte" para respaldar al pueblo birmano
MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El relator especial de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en Birmania, Tom Andrews, ha urgido este miércoles a un "cambio de rumbo" en los esfuerzos de la comunidad internacional para evitar más abusos de Derechos Humanos y muertes tras el golpe de estado en el país el pasado 1 de febrero.
La situación desde entonces ha "empeorado", según ha indicado Andrews ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por lo que ha lamentado que "los esfuerzos actuales de la comunidad internacional para detener la espiral decadente de los acontecimientos" en el país "simplemente no están funcionando".
La junta militar y sus fuerzas han asesinado a más de 1.100 personas, han detenido arbitrariamente a más de 8.000 y han desplazado por la fuerza a más de 230.000 civiles, lo que eleva el número total de personas desplazadas internamente a más de medio millón, ha precisado Andrews.
Asimismo, ha indicado que la junta militar está secuestrando "sistemáticamente" a los familiares de las personas sobre las que pesan órdenes de detención, pero que la Policía y las fuerzas militares no pueden localizar.
"He recibido informes creíbles de que las fuerzas de la junta han detenido arbitrariamente al menos a 177 personas cuando el objetivo inicial de una redada había logrado eludir la detención. Entre estas víctimas se encuentran niños muy pequeños, de hasta 20 semanas de edad", ha detallado.
Al mismo tiempo ha asegurado que la junta ha recortado los derechos civiles y políticos, "desmantelando" la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la intimidad, el acceso a la justicia y la libertad de prensa, mientras el derecho a la salud está siendo también "socavado".
"He hablado directamente con médicos que, entre la atención a los pacientes, me han hablado de incursiones militares en instalaciones sanitarias benéficas e improvisadas, destruyendo, dañando o confiscando equipos médicos, al tiempo que secuestraban, golpeaban y detenían arbitrariamente a sus colegas", ha relatado al respecto.
Ante todo ello, ha instado a los gobiernos a respaldar los "boicots" que lleva a cabo el propio pueblo contra la junta militar y ha pedido hacerlo "imponiendo una presión económica coordinada y un embargo de armas más fuerte".
En este sentido, ha señalado que los birmanos participan en las denominadas "sanciones ciudadanas", una especie de boicot a los productos fabricados por empresas de propiedad militar, así como al pago de las facturas de energía y los impuestos. "Según algunos informes, la negativa generalizada del público a pagar las facturas de los servicios públicos y algunos impuestos ha costado a la junta unos 1.000 millones de dólares (más de 850 millones de euros) en ingresos", ha aseverado.
Por otro lado, ha solicitado una mayor ayuda humanitaria para los más de tres millones de personas en el país que han quedado en situación de desesperación.
"La comunidad internacional debe comprometerse más a garantizar que la ayuda que salva vidas llega a los necesitados", ha manifestado al respecto, para añadir que el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Birmania de 2021 sólo ha recibido el 46 por ciento de los fondos solicitados hasta la fecha.
"Ahora, más que nunca, el pueblo de Birmania necesita una acción firme, específica y coordinada de la comunidad internacional", ha zanjado.