Bogotá dice que "no corresponde a la realidad" hablar de impunidad ante las ejecuciones extrajudiciales

Actualizado 28/05/2010 15:17:41 CET
Reuters

BOGOTA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno colombiano consideró este jueves que "no corresponde a la realidad" el hablar de una "política de impunidad" respecto a los casos de ejecuciones extrajudiciales en el país como viene a plantear en su informe el relator de Naciones Unidas sobre la materia, Philip Alston, quien indicó que el 98,5% de estos casos no se resuelven.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores a raíz de la publicación ayer del informe de Alston, el Gobierno colombiano subraya que éste visitó el país en junio de 2009 a invitación suya y denuncia que aunque el texto "destaca la cooperación, los logros en protección y las medidas para enfrentar denuncias, éste no recoge las consideraciones que el Gobierno envió sobre el informe".

Asimismo, destaca que Alston aclaró tanto al término de su visita como en el informe que no ha visto "evidencia que sugiera que estos asesinatos fueron cometidos como parte de una política oficial o que hubiesen sido ordenados por altos oficiales del Gobierno", además de resaltar que "a partir del 2007, el Gobierno ha tomado medidas importantes para parar y responder a estos homicidios".

Así pues, en opinión del Ejecutivo de Álvaro Uribe, "sostener que hay una política de impunidad ante estos hechos no corresponde a la realidad". Para argumentarlo destaca que "los jefes paramilitares se encuentran en la cárcel; 42.233 crímenes están en proceso de confesión ante la Unidad de Justicia y Paz y hay 230 escritos de imputación de cargos en proceso de convertirse en sentencias". Además, "en casos de homicidio en persona protegida, la Fiscalía estableció una unidad especial que ha logrado la condena de 194 personas y tiene a cerca de 700 servidores en etapa de juicio".

Así las cosas, tras estas matizaciones, el Gobierno colombiano anunció que hará pública su respuesta oficial al informe de Alston el próximo 3 de junio y responderá a las inquietudes en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

INFORME DE ALSTON

Alston había indicado ayer que "la tasa actual de impunidad para los presuntos homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad --hasta el 98,5 por ciento, según algunas estimaciones creíbles-- es demasiado alta". El relator explicó que a lo largo de su estancia en el país pudo constatar la existencia de un patrón en estos homicidios. Según Alston, los militares se sirven de un "reclutador" para atraer a los civiles a un lugar aislado donde son ejecutados. Estas bajas se registran en el Ejército como guerrilleros caídos en combate, "lo que les proporciona beneficios personales".

Sin embargo, el relator aclaró que "no se trata de una política de seguridad desarrollada por el Gobierno" aunque consideró que sí es producto de la estrategia de incentivos dirigida al estamento militar con la que se pretende agilizar la derrota de la guerrilla y de los grupos de paramilitares que operan en Colombia.

En otro orden de temas, Alston denunció también la impunidad de los crímenes cometidos por miembros de estos grupos armados ilegales que se acogieron al proceso humanitario impulsado por el presidente Álvaro Uribe para abandonar las armas y que "en su gran mayoría han sido desmovilizados sin una investigación y con la concesión de amnistías".

En este contexto, Alston aconsejó a las autoridades colombianas dar un giro en su política de seguridad y combinar la lucha armada contra estos grupos con un plan humanitario basado en acuerdos y negociaciones "que pongan fin al conflicto de una vez por todas".