Publicado 30/05/2020 04:28CET

Bolivia.- AI pide al Gobierno de Bolivia que se abstenga de "hostigar" y "amenazar" a opositores políticos

Bolivia.- AI pide al Gobierno de Bolivia que se abstenga de "hostigar" y "amenaz
Bolivia.- AI pide al Gobierno de Bolivia que se abstenga de "hostigar" y "amenaz - Gaton Brito/dpa - Archivo

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha pedido este viernes al actual Gobierno de Bolivia, encabezado por la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, que se abstenga de "hostigar" y "amenazar" a opositores políticos.

En concreto, AI ha enumerado que el hostigamiento y la amenaza se llevan a cabo a través de "disposiciones legales, procesos penales, declaraciones públicas o detenciones".

Asimismo, ha vertebrado su petición con el caso de la detención del juez Hugo Huacani, arrestado por la Policía poco antes de iniciar una audiencia para determinar las medidas cautelares contra el exministro de Salud, Marcejo Navajas, por el caso de la compra de 170 respiradores con un presunto sobrecoste en el contexto de la pandemia del coronavirus.

La organización, que ha criticado la detención del juez, ha considerado que la Fiscalía de Bolivia debe realizar una investigación sobre las circunstancias de la detención de Huacani y llevar a las personas sospechosas de ostentar responsabilidad penal ante este hecho a la Justicia.

Huacani fue liberado un día después de su detención, tras una resolución judicial que la declaró "ilegal". Según AI, ese mismo día, la Fiscalía de La Paz informó de que no había participado en la detención del juez ni emitido una orden de arresto en su contra.

Así, ha precisado la ONG, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, admitió posteriormente haber ordenado su detención por estar en desacuerdo con la decisión del juez de cesar la prisión preventiva por un caso de terrorismo vigente contra el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, perteneciente al partido del expresidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS).

Por ello, Amnistía Internacional considera que la detención de Huacani fue "arbitraria". Además, dicha detención y la acusación hecha por el Ministerio de Gobierno "podrían afectar la independecia del proceso judicial que permitiría esclarecer las responsabilidades penales por el presunto uso indebido de recursos destinados a garantizar la vida y la salud de pacientes en necesidad de cuidados".

Por otra parte, AI ha destacado que las Fuerzas Armadas bolivianas han sido un "actor clave" en la represión de las protestas sociales surgidas en noviembre de 2019, tras las elecciones generales que llevaron a la dimisión de Morales por "irregularidades", su establecimiento en Argentina y la asunción del cargo de presidenta por parte de Áñez.

Amnistía Internacional ha destacado que "las autoridades respondieron de manera violenta ante las críticas, las protestas, escrutinio de medios de comunicación e, incluso, ante los incidentes de violencia cometidos por terceros".

Los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) muestran que, al menos, 35 personas perdieron la vida y más de 500 resultaron heridas por la actuación de las Fuerzas Armadas de Bolivia contra manifestantes. "Y esos hechos continúan en la impunidad", ha lamentado AI.

Gustavo Torrico, diputado del MAS también fue detenido, igual que varios exministros de Morales, que se considera víctima de un "golpe de Estado" porque renunció al cargo después de que así se lo sugirieran las Fuerzas Armadas y la Policía. En consecuencia, no reconoce al Gobierno de Áñez.

El propio Morales ha sido denunciado por sedición y terrorismo ante los tribunales bolivianos y por crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por una conversación telefónica en la que supuestamente ordenaría cercar las principales ciudades del país para forzar la caída del Gobierno interino de Jeanine Áñez y su vuelta al poder.

OTRAS ACCIONES

También, el organismo ha resaltado con "preocupación" otras circunstancias. Así, ha aludido a las "amenazas públicas emitidas por autoridades del Gobierno actual contra líderes políticos acusados de 'desinformar' y contra periodistas acusados de 'sedición'".

De forma paralela, se ha referido a la detención de "67 actores políticos" acusados de participar en "movimientos de desestabilización y de desinformación", de hacer "guerra virtual" contra el Gobierno y a la publicación del Decreto Supremo 4200 --finalmente derogado--, que causó gran polémica por establecer que aquellos que "desinformen o generen incertidumbre a la población" serían procesados por delitos contra la salud pública.

Así, Amnistía Internacional considera que el ambiente de hostigamiento y amenaza a personas opositoras políticas o percibidas como tales es "preocupante".

Además, ha insistido en que tal hostigamiento podría limitar de manera indebida la libertad de expresión en el país, al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos, incluidos los trabajadores de la salud.

"Esto puede ser percibido por otros actores con poder como un peligroso mensaje de tolerancia hacia actos que amenacen o censuren opiniones contrarias y como una carta blanca para la impunidad", ha zanjado el organismo.