MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
La vista judicial contra el exministro de Gobierno de Bolivia Arturo Murillo, antiguo 'número dos' de la expresidenta Jeanine Áñez, ha sido aplazada hasta el miércoles en Estados Unidos, donde se decidirá si es juzgado por su presunta participación en una red de sobornos y blanqueo de capital.
En declaraciones a Radio Cepra, el fiscal Wilfredo Chávez ha señalado que la audiencia, prevista para este lunes, ha sido suspendida siguiendo la petición de la Fiscalía estadounidense, un proceso con el que "hay que ser respetuosos".
"Se estaría viendo la posibilidad de que el señor Murillo tenga algunas negociaciones o pueda acceder tal vez a algún beneficio bajo las reglas de la Justicia norteamericana. Eso no nos corresponde a nosotros determinarlo, son procedimientos de Estados Unidos, de las leyes norteamericanas. Nosotros vamos a ser respetuosos de lo que se decida", ha manifestado.
El abogado Thomas Becker ha explicado que "se ha iniciado un caso penal contra Murillo" dado que el Gobierno estadounidense "ha visto delitos". "¿Qué pasará ahora? Primero se presenta la demanda que hizo un grupo de agentes especiales que investigaron el caso y los fiscales que van a llevarlo. Después se va a decidir si hay suficientes pruebas para iniciar un juicio en su contra", ha dicho.
Murillo fue detenido el 22 de mayo en la ciudad de Naples, próxima a Miami, por agentes especiales de la Oficina de Seguridad Nacional (HIS, por sus siglas en inglés) y dos días después fue citado por el juez Jonathan Goodman a una vista para considerar "la acusación preliminar" en su contra.
Fue entonces cuando su abogada, Julia Kefalinos, pidió aplazar la vista para este lunes, 7 de junio, la cual queda ahora pospuesta hasta el día 9, según informaciones del diario 'El Deber'.
Tanto Murillo como su exjefe de Gabinete Sergio Rodrigo Méndez, también detenido en Estados Unidos, están acusados de recibir sobornos de una empresa estadounidense y de conspirar, junto con tres ciudadanos de dicho país (Bryan Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld), para blanquear el dinero procedente, supuestamente, de los sobrecostes que pagó el Estado boliviano para adquirir un lote de gases lacrimógenos y munición no letal de la empresa Cóndor, de Brasil.
"En esta etapa no se tiene que demostrar que son totalmente culpables; ellos (fiscales) tienen que demostrar lo mínimo necesario sobre las vulneraciones a la ley y eso abre la posibilidad de que un ciudadano puede ser procesado", ha remarcado Becker.
El agente especial del HIS Jonathan Eades ha detallado, según el informe enviado a la Fiscalía de Estados Unidos, que tanto Méndez como Bryan Berkman y Luis Berkman --propietarios de la empresa estadounidense Bravo Tactical Solutions (BTS) a la que se adjudicó el contrato en Bolivia--, intercambiaron mensajes por correo electrónico y WhatsApp para negociar el pago de las coimas a altos cargos del Gobierno boliviano.
"Debido a que esta declaración jurada se presenta con el propósito limitado de establecer una causa probable, la misma no incluye todos los hechos que llegué a conocer durante el curso de mi investigación", ha aclarado Eades.