LA PAZ, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó ayer miércoles la ley que autoriza la reprogramación del Presupuesto General de la Nación 2006 para transferir 42 millones de bolivianos (unos 4,1 millones de euros) al Ministerio de Hidrocarburos para realizar las auditorías a los principales campos petroleros y empresas capitalizadas del país.
"Hemos aprobado la ley que autoriza la reprogramación del Presupuesto General de la Nación 2006 para la autorización de la modificación de la partida Caja y Bancos en un monto de más de 42 millones de bolivianos. Este dinero iría de la Superintedencia (de Hidrocarburos) al Tesoro General de la Nación (TGN)", anunció el presidente de la Cámara Baja, Edmundo Novillo, quien explicó que el proyecto de ley aprobado fue remitido a la Camara de Senadores, donde será tratado en los próximos días, según informaciones del diario local 'La Prensa' recogidas por Europa Press.
De acuerdo con el decreto de nacionalización de los hidrocarburos (28.701) dictado por el Gobierno de Evo Morales el pasado 1 de mayo, el Ministerio de Hidrocarburos debe realizar auditorías a las empresas privadas que operan en este sector. Las auditorías a las petroleras privadas deben incluir la cuantificación de las inversiones realizadas en Bolivia, las amortizaciones, los costes de operación y la rentabilidad obtenida en cada campo de explotación.
Hace dos semanas, el ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, dijo que las auditorías serían ejecutadas por la Superintendencia de Hidrocarburos, para lo cual se está elaborando una resolución especial que autorice ese cambio. La autoridad reconoció que la cartera a su cargo no cuenta con los medios suficientes para garantizar sus objetivos.
Soliz Rada destacó que para la revisión de los activos y la producción se contratará a un equipo de auditores que trabajará con la Superintendencia de Hidrocarburos bajo la supervisión del Ministerio del ramo.
Las auditorías dispuestas por el Ejecutivo deben estar culminadas en un plazo máximo de tres meses y sus resultados serán la base para la negociación de nuevos contratos de operación con las ahora nacionalizadas Chaco; Andina, filial de la hispano-argentina Repsol YPF en Bolivia, y Transredes.
Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR) inició en 2005 la recopilación de datos preliminares para el inicio de un proceso de auditoría a las petroleras capitalizadas, pero no pudo hacerlas por falta de recursos estatales para ese fin. Los 4,1 millones de euros que financiarán las auditorías provienen de las aportaciones de las empresas que operaban en exploración y explotación y que eran fiscalizadas por la Superintendencia de Hidrocarburos.