BOLIVIA, 28 Oct (EUROPA PRESS)
En medio de una severa crisis económica y energética en Bolivia, el presidente Luis Arce promulgó recientemente una controvertida ley que permitirá la importación directa de combustible, una medida que, según advirtió, causará un impacto directo en la economía de las familias bolivianas debido al elevado costo del diésel y la gasolina importados. Esta ley, que surgió de una propuesta de diputados de la oposición, logró la aprobación parlamentaria el pasado viernes.
La nueva normativa habilita la libre importación y comercialización de diésel y gasolina por un periodo de 90 días en un intento por mitigar el desabastecimiento que enfrenta el país. Arce destacó en un comunicado la importancia de que la población boliviana comprenda las consecuencias de esta ley. "Es importante que el pueblo boliviano sepa que la libre importación y comercialización absoluta que se establece en esta ley, generará que el precio de la venta de combustible sea más elevado que el que se comercializa en gasolineras con subvención, y que esto se vaya generalizando provocará que el efecto sobre la economía de las familias bolivianas sea inmediato", indicó.
La ley también señala que habrá una "coexistencia" de carburantes en las gasolineras en aquellos casos en que la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no logre satisfacer el total de la demanda. Aunque hay sectores que impulsan esta legislación, otros la han criticado por considerarla "ambigua, improvisada y un ensayo de gasolinazo". A pesar de las diferencias políticas, Arce enfatizó que su gobierno no bloqueará iniciativas que busquen solucionar problemas críticos.
Durante la campaña electoral en Bolivia, la crisis económica fue un tema central. Los indicadores económicos reflejan una disminución significativa del consumo ante el incremento de los precios de la canasta básica, la escasez de divisas y combustibles, lo que ha generado largas colas en gasolineras. Además, la carencia de dólares ha fomentado un mercado de cambio paralelo, contribuyendo a la devaluación de la moneda y afectando la economía familiar, mientras la inflación impacta especialmente al sector alimentario con aumentos de hasta el 30 por ciento.