Publicado 15/12/2021 13:03CET

Bolivia.- Bolivia considera que las peticiones de los 'cívicos' buscan que "la Justicia no los alcance"

Archivo - El presidente de Bolivia, Luis Arce.
Archivo - El presidente de Bolivia, Luis Arce. - WPA POOL - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bolivia ha considerado que las peticiones que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) hizo el martes tras las reuniones para definir acciones por la "persecución política" y a favor del exdirigente Marco Antonio Pumari, actualmente en prisión preventiva, buscan que la "Justicia no les alcance".

Durante la jornada, el comité exigió la "inmediata" liberación de los "presos políticos", un nuevo censo electoral y la renovación total del Tribunal Supremo Electoral (TSE). También anunció una manifestación para este viernes y una reunión para el 15 de enero.

"Le suman poco al país, obstaculizan el desarrollo, la estabilidad, el crecimiento económico y el fortalecimiento de la institucionalidad", ha señalado el portavoz del Ejecutivo boliviano, Jorge Richter, en una entrevista en televisión recogida por el diario 'La Razón'.

En este sentido, ha advertido de que "lo que están buscando es que la Justicia no los alcance" y ha reiterado que "es el tiempo en el que deben enfrentar sus responsabilidades", en referencia a la crisis política derivada de las elecciones de 2019.

La Justicia de Bolivia decretó este sábado prisión preventiva durante seis meses para Pumari después de que la Fiscalía le imputase cinco delitos dentro del caso abierto por la violencia y la quema de instalaciones electorales en Potosí en 2019 en una serie de protestas que acabaron con la dimisión de Evo Morales.

Pumari es uno de los líderes de las protestas de noviembre del año 2019 que culminaron con la dimisión de Morales. El 'excívico' está denunciado por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y sedición por su rol en las manifestaciones tras las elecciones.

La tensión entre el oficialismo y la oposición es máxima en Bolivia, especialmente en los departamentos de Potosí y Santa Cruz. Ambos concentraron la mayoría de las últimas protestas antigubernamentales, que se oponían a una ley contra el blanqueo de capitales que finalmente fue derogada.