La derogación de la norma contra el blanqueo de capitales no ha frenado las protestas
MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Bolivia ha asegurado este martes que trabajará, en conversaciones con los sectores pertinentes, en una nueva ley contra la regularización de las ganancias ilícitas, cuyo borrador espera tener para diciembre, después de que el proyecto de ley anterior haya provocado malestar y protestas en varios puntos del país.
"Esperemos que en diciembre estemos presentando en la Asamblea Legislativa el proyecto trabajado con los diferentes sectores sociales que se han movilizado", ha indicado el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, en declaraciones a la cadena ATB.
No obstante, Siles ha reconocido que, a pesar de que ese es el "objetivo" del Gobierno, "a veces los plazos políticos no son los mismos que los estrictamente legales".
En referencia a nueva legislación, el viceministro boliviano ha recordado que Bolivia está obligada a aprobar una ley de estas características en virtud de los convenios internacionales suscritos, al tiempo que ha recordado que estos compromisos están "plenamente vigentes", ha recogido el diario 'La Razón'.
Por ello, ha instado a los sectores contrarios a la anterior ley, la 1386 contra el blanqueo de capitales, a sentarse y dialogar con las autoridades para aprobar una legislación nueva. "Estoy seguro de que, a través del diálogo (...) podemos lograr acuerdos en todos los temas que supuestamente estuvieran reclamando", ha manifestado.
Pese a la derogación de la ley 1386, proceso actualmente en curso, Bolivia debe mostrar, al menos, que está elaborando una normativa que la sustituya. Sin embargo, mientras el proceso de derogación finaliza, las protestas no han cesado en Bolivia.
Los departamentos de Santa Cruz y Potosí mantienen el paro indefinido, mientras que en la noche de este lunes se han registrado marchas en Cochabamba y bloqueos esporádicos en Sucre, informa el diario 'Los Tiempos'. Además, la Asamblea de la Paceñidad ha convocado una marcha para exigir la derogación de otras seis leyes y la restitución de los dos tercios de los votos como requisito para aprobar leyes en la Asamblea Legislativa.